La Sala Plena de la Corte Constitucional acogió la recomendación del procurador Alejandro Ordóñez para que induzca al Congreso a presentar una ley de intervención económica relacionada con la fijación de los precios de los combustibles.

La Corte, con votación de cinco a dos, declaró inexequible una de las fuentes que utiliza el Gobierno para alimentar el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), esquema utilizado para mitigar el impacto de las fluctuaciones externas de los precios de los combustibles en el precio interno.

El Alto Tribunal tumbó el literal C del artículo 101 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, que señala que las diferencias negativas entre el precio de paridad internacional y el precio de referencia establecido por el Ministerio de Minas y Energía podrán ser utilizadas para nutrir este fondo.

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