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Ley General del Plan Nacional de Desarrollo, Parte I

La Ley 508 de 1999 en Colombia, Plan Nacional de Desarrollo, Parte I

Es el proceso electoral colombiano que intenta ligar las propuestas de campaña de los aspirantes a la presidencia de la República con su gestión durante los cuatro años de gobierno. Para ello la Constitución y la Ley han ordenado la práctica de la planeación en Colombia. En tal sentido, la base del Plan, del presidente electo, son las propuestas de campaña presentadas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil en el momento de su inscripción como candidato, conocidas como el programa de gobierno. Adicionalmente, dicho marco legal también vincula la participación de diversos sectores de la Sociedad Civil por medio del Consejo Nacional de Planeación para la elaboración del mismo. De esta manera el Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento legal por medio del cual se dan a conocer los objetivos de gobierno del presidente de Colombia y su gestión, y además, permite evaluar sus resultados.

Ley General del Plan Nacional de Desarrollo, Parte I
Ley General del Plan Nacional de Desarrollo, Parte I

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(julio 29)

Diario Oficial No. 43.651, de 30 de julio de 1999

Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo para los años de 1999-2002.

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:
TITULO I.
PARTE GENERAL

ARTICULO 1o. OBJETIVOS DEL PLAN. El objetivo fundamental del Plan Nacional de Desarrollo es la búsqueda y conservación de la paz, con el fin de ubicar al país en una senda de crecimiento sostenible con cohesión social. Con este objetivo se busca:
– Promover la generación de riqueza, reducir significativamente las tasas de desempleo, disminuir la pobreza y proteger un adecuado aprovechamiento del medio ambiente.
– Ofrecer incentivos para la promoción social y económica de la población, en igualdad de condiciones para la expansión de las oportunidades sociales, particularmente para la población que se encuentra en condiciones de especial vulnerabilidad, por sus características socioeconómicas, culturales, étnicas, territoriales, religiosas o de género.
– Contribuir a la generación de una cultura de paz, que nos haga aptos para el ejercicio cotidiano de la convivencia en solidaridad, tolerancia y respeto de los derechos humanos como base para la reconciliación nacional.
– Mejorar la eficiencia y la equidad en la asignación de los recursos públicos, teniendo en cuenta criterios de ingreso y de redistribución regional y de género.
El Plan Nacional de Desarrollo propone movilizar a la sociedad en su conjunto de acuerdo con sus capacidades económicas para lograr que en este cuatrienio ni un solo niño o niña deje de asistir hasta el noveno grado escolar, que se cumpla con la afiliación obligatoria y se cotice por el valor real de los ingresos, al Sistema General de Seguridad Social en Salud; para que los afiliados al régimen subsidiado en salud sean verdaderamente los más desvalidos; que no se tolere la violencia intrafamiliar y se tengan mejores relaciones familiares; que las niñas y niños estén más protegidos y mejor nutridos. Que se ofrezcan mejores condiciones a los discapacitados.
Con el fin de reconstruir el tejido social el Plan Nacional de Desarrollo se propone incidir de manera profunda sobre las oportunidades de acceso que los pobres y los segmentos de la población de bajos ingresos tienen a activos esenciales. Es por ello que en el contexto del Plan Nacional de Desarrollo, la política social del Estado es la forma como institucionalmente se logra que la acumulación individual de capital humano y la formación colectiva del capital social se articulen equilibradamente con la acumulación física, individual y colectiva para potenciar al máximo el desarrollo nacional y lograr un crecimiento económico sostenible con cohesión social.
Se trata de adoptar una política de Estado en materia de paz que trascienda los períodos gubernamentales, se ocupe de la población afectada por la violencia e incorpore estas acciones como parte de los procesos de gestión del desarrollo territorial, en el marco de la profundización de la descentralización.
La política de paz propone inversiones sectoriales orientadas a mejorar las condiciones que fortalecen la convivencia pacífica y a desestimular los factores que promueven la violencia en sectores tales como el agropecuario, infraestructura, justicia, medio ambiente, defensa y seguridad, las cuales serán complementadas con medidas especiales para combatir la corrupción.
Se pondrá en marcha un plan especial para la reconstrucción económica, social y ambiental en las zonas afectadas por el conflicto.

PARAGRAFO. Incorpórese como anexo a la presente ley el documento “Cambio para Construir la Paz”, elaborado por la Presidencia de la República y el Departamento Nacional de Planeación, con las adiciones y modificaciones a que se refieren los parágrafos del artículo 1o. de la ponencia para el segundo debate y aquellas aprobadas en segundo debate.

ARTICULO 2o. PLAN DE RECONSTRUCCION DEL EJE CAFETERO. También como parte general del Plan de Desarrollo, se incluirán estrategias pertinentes para la reconstrucción y rehabilitación de la comunidad afectada por el terremoto del Eje Cafetero, buscando un desarrollo sostenible, promoviendo la recuperación de la calidad de vida de sus habitantes y la reinserción de la región a la economía nacional e internacional. Dichas estrategias se desarrollan más adelante a través del Plan de Inversiones y de los mecanismos de ejecución.

TITULO II.
PLAN DE INVERSIONES PUBLICAS
CAPITULO I.

Proyección de recursos financieros
ARTICULO 3o. FUENTES DE FINANCIACION DEL PLAN DE INVERSIONES PUBLICAS. El Plan Nacional de Inversiones Públicas 1999-2002 tendrá un valor de sesenta y cinco billones quinientos sesenta mil millones de pesos ($65,56 billones), a pesos constantes de 1998, financiados de la siguiente manera:

Fuentes Ingresos Recursos Endeuda- Otros /2 Total
usos corrientes propios /1 miento usos
Nación /3
Inversión
Gobierno
Central 0.76 8.29 2.99 12.04
Sin incluir
Eje Cafetero 8.29 2.92 11.21
Eje Cafetero 0.76 0.07 0.83
Inversión esta-
blecimientos
públicos 9.47 9.47
Inversión
sector
descentralizado 7.03 2.87 0.08 9.99
Transferencias
para inversión
social 28.31 28.31
Total fuentes 29.07 16.50 11.17 3.07 59.81
Fondo de inversión para la paz 5.75
TOTAL
PLAN DE INVERSIONES
1999 – 2002 65.56/4
DNP-UIFP-DEFED

/1 Para los establecimientos públicos corresponde a recursos administrados por las entidades (RAPE).
/2 Son recursos provenientes de privatizaciones, manejo de portafolio, etc. En el sector descentralizado corresponde, además, a aportes de entidades. Incluye la capitalización al fondo de pensiones de Telecom.
/3 Incluye $1.008.712,6 millones de pesos de 1998 provenientes del 2 por mil para el Eje Cafetero y el efecto en las transferencias territoriales por situado fiscal (24.5%).
/4 No incluye las adiciones a los programas de vivienda y acueducto y alcantarillado.

CAPITULO II.
Descripción de los principales programas de inversión

ARTICULO 4o. DESCRIPCION DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS DE INVERSION. La descripción de los principales programas y subprogramas que el Gobierno Nacional espera ejecutar en la vigencia del Plan Nacional de Inversiones 1999-2002 es la siguiente:
1. Estado viable y participativo
1.1 Profundización de la descentralización
El Gobierno Nacional adelantará, de manera concertada y participativa con las entidades territoriales, el sector privado y la sociedad civil, una política de profundización de la descentralización orientada por los principios de reconocimiento a la heterogeneidad, flexibilización, gradualidad, desarrollo armónico de las regiones, participación de la sociedad civil y consolidación de la autonomía regional y local.
1.1.1 Ordenamiento territorial en Colombia
Con este programa se propone impulsar un debate nacional y territorial, con el fin de identificar el tipo de ordenamiento que requiere el país, para proyectar el futuro económico, social y ambiental, con participación de la sociedad civil. En este sentido, se ha previsto que el Ministerio del Interior y el DNP, en coordinación con los otros ministerios, entidades territoriales y las comisiones de ordenamiento del Congreso de la República, entre otros, realicen las siguientes acciones:
i) Conformar la Comisión de Ordenamiento Territorial;
ii) Establecer principios y criterios con visión estratégica del país que orienten el debate;
iii) Redactar el proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial de una manera participativa, y
iv) Formular una estrategia para poner en marcha el proceso de Ordenamiento Territorial.
1.1.2 Fortalecimiento de la gestión fiscal e institucional de las entidades territoriales
Aspecto fundamental para profundizar el proceso de descentralización y lograr sostenibilidad en el mediano y largo plazos es el fortalecimiento de las finanzas territoriales, para hacer de ellas entidades viables que aseguren con sus ingresos propios su funcionamiento y promuevan el desarrollo regional. Lo anterior obliga a realizar acciones vía fortalecimiento de ingresos y racionalización de gastos dentro de estrategias integrales de ajuste fiscal. Los subprogramas asociados a este programa son los siguientes:
1.1.2.1 Apoyo y asistencia técnica en el nivel territorial en materia tributaria y fiscal.
1.1.2.2 Apoyo financiero a aquellas entidades territoriales que se comprometan en la ejecución de medidas de ajuste fiscal y reestructuración institucional orientadas a garantizar su viabilidad financiera y mejorar su eficiencia administrativa.
1.1.3 Fortalecimiento de la participación de la sociedad civil en la gestión pública
El objetivo de este programa es promover la vinculación activa de la sociedad civil en la gestión pública, fortaleciendo el poder efectivo por parte de los ciudadanos para organizarse y participar en la toma de decisiones, compartiendo la responsabilidad con los entes privados en el desarrollo social, económico y ambiental.
1.2 Modernización del Estado
El Gobierno Nacional inducirá y pondrá en marcha un proceso unificado, coordinado y evaluable de modernización del Estado, que vaya más allá de los programas o proyectos puntuales, las reformas legislativas, los recortes presupuestales o los esfuerzos aislados.
Esta será una política de Estado, una actividad permanente de ajuste y rápida adaptación, que le permita al Estado cumplir cabalmente con sus fines.
En este orden de ideas, la modernización del Estado implicará no sólo la adopción de políticas, sino también y simultáneamente, la ejecución de planes y proyectos con resultados visibles y medibles a corto, mediano y largo plazo, bajo los siguientes criterios: redefinición del papel estatal; reducción de la duplicidad de funciones, programas y proyectos; racionalización del gasto público; desarrollo del proceso de descentralización; adecuada y eficiente prestación de servicios y cumplimiento de funciones.
Con el fin de modernizar la gestión fiscal en las empresas de servicios públicos domiciliarios, la Contraloría General de la República reglamentará la materia con miras a eliminar prácticas de control previo y otro tipo de controles que entorpecen la gestión eficiente de las empresas de servicios públicos. Se buscará que la Contraloría Nacional tenga un control prevalente sobre otras Contralorías territoriales y se cuente con la misma información que tienen los accionistas privados conforme al Código de Comercio.
1.2.1 Estrategia contra la corrupción: Prioridad en la Consolidación de un Ambiente Pacífico (Principales Programas)
1.2.1.1 Disminución de la impunidad en relación con los comportamientos corruptos
A través de la instalación de la Comisión Nacional para la Moralización, creada por el artículo 67 de la Ley 190 de 1995, busca incrementar los costos morales asociados a las prácticas corruptas y promover el desarrollo de códigos de ética al interior de todas las entidades del sector público. Adicionalmente, se establecerán oficinas y buzones de recepción de quejas y reclamos, así como líneas telefónicas para la denuncia de delitos contra la administración pública. Como complemento, se realizarán acciones de sensibilización y educación de la población respecto a la corrupción.
El Gobierno Nacional regulará la forma y condiciones que regirán las operaciones entre entidades públicas y las entidades que intermedien en el mercado de valores, con el objeto de realizar el valor de la transparencia.
Sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales en materia de inhabilidades e incompatibilidades, para garantizar una correcta aplicación de los recursos públicos, el Gobierno expedirá normas sobre transparencia que permitan regular en forma integral los conflictos de interés en el sector público y en aquellas entidades que presten servicios públicos.
1.2.1.2 Fortalecimiento de los Sistemas de Información y Control de la Gestión Pública
Orientado a aumentar la probabilidad de descubrir efectivamente al funcionario corrupto, y al mismo tiempo desestimular este tipo de comportamientos, dicho fortalecimiento contempla acciones tales como el diseño de indicadores de percepción ciudadana sobre la calidad de los servicios y el desarrollo de un programa especial de formación para funcionarios del Estado, para que conozcan, interioricen y apliquen los mecanismos y procedimientos contemplados por el Decreto 2150 de 1995, la Ley 190 de 1995 y demás herramientas para la modernización institucional. Así mismo, se establecerán mecanismos técnicos para conocer los costos de la corrupción.
1.2.1.3 Pactos Anticorrupción en la Contratación Pública
Con el fin de convocar a la sociedad civil en la lucha contra la corrupción, se promoverá la adhesión al programa mundial de “Transparencia Internacional – Islas de Integridad”, de manera que los proponentes en licitaciones públicas internacionales y nacionales se obliguen por medio de acuerdos anticorrupción con responsabilidades personales y económicas. Adicionalmente se buscará una mayor transparencia al hacer pública la información sobre los procesos de contratación, de manera que la comunidad pueda ejercer un verdadero control. También se establecerán convenios de comportamiento ético con los gremios económicos y los afiliados que contratan con el Estado.
1.2.1.4 Consejos Ciudadanos de Control de Gestión y de Resultados de la Inversión Pública
El programa presidencial de lucha contra la corrupción, o quien haga sus veces, conformará en cada departamento, Consejos Ciudadanos de Control de Gestión y de Resultados de la Inversión Pública, CGRI, como instancias responsables de promover el control efectivo de la ciudadanía sobre la gestión pública y sus resultados y de canalizar las iniciativas ciudadanas para prevenir y controlar los delitos contra la administración pública. Las solicitudes de estos Consejos tendrán el carácter de derecho de petición. Todo funcionario público que no atienda las solicitudes de los CGRI incurrirá en causal de mala conducta.
La composición y función de estos Consejos serán definidas por el Gobierno.
A petición de los Consejos Ciudadanos de Control de Gestión y de Resultados de la Inversión Pública, las entidades responsables de los proyectos de inversión promoverán pactos públicos por la transparencia y la eficiencia de la ejecución de la inversión. En estos pactos participarán las entidades públicas que los promueven, los contratistas y las organizaciones ciudadanas. Su objeto es establecer por consenso las reglas de juego que rigen la gestión de los programas y proyectos de inversión. Con tal objeto deben fijar las responsabilidades de los actores sociales e institucionales involucrados, sobre los aspectos técnicos, sociales, ambientales, financieros y administrativos requeridos para garantizar la eficiencia, la eficacia y la efectividad de la inversión pública.
1.2.2 Modernización de la administración financiera del Estado
Se buscará modernizar, facilitar y agilizar la administración financiera pública; para ello es de especial importancia poder garantizar los recursos necesarios para la ejecución del Plan, a través de los siguientes mecanismos: flexibilizar las finanzas públicas, definir que los ingresos de carácter extraordinario no pueden soportar gastos permanentes por el riesgo de provocar graves desbalances en las finanzas públicas; permitir el cambio de las fuentes de financiación sujetándose a las autorizaciones del Congreso de la República; señalar las inversiones financieras que podrán realizar las entidades públicas; establecer un procedimiento ágil para reducir el presupuesto a causa de las reservas y cuentas por pagar; definir el alcance presupuestal de los contratos con organismos multilaterales; precisar las entidades sin ánimo de lucro que en virtud del artículo 355 de la Constitución Política pueden recibir recursos del Estado; determinar nuevos mecanismos para la participación en proyectos de infraestructura; señalar la forma de transferir los recursos que en virtud de la Ley 226 de 1995 les corresponden a las entidades territoriales y precisar algunos procedimientos para la privatización de la propiedad accionaria del Estado.
Se desarrollará el sistema financiero y contable sistematizado de todo el Estado. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público coordinará su implementación.
2. Educación
El Plan propone un gran compromiso social con la educación, la juventud y el deporte. Los esfuerzos del gobierno se concentrarán en cinco aspectos fundamentales de todo el sistema educativo nacional: el desarrollo humano, la cobertura, la eficiencia, la equidad y la calidad.
En cobertura, la prioridad es incrementar la matrícula de los niveles de educación preescolar y media y universalizar la educación básica. Para ello, se buscará la equidad entre municipios, favoreciendo a los más pobres; se crearán las condiciones para aumentar el control social y se adelantarán acciones de transformaciones estructurales en el sector.
Junto con el aumento de la cobertura, la mejora de la calidad de educación en el país se configura como objetivo prioritario del gobierno. El gobierno prestará una atención prioritaria, con objeto de mejorar la calidad de la educación, a los siguientes factores: la precisión de los lineamientos y estándares curriculares; la supremacía de los alumnos como centro del proceso educativo; la cualificación y formación de los docentes, el incremento de la participación de la comunidad educativa; la compensación de las desigualdades educativas; la innovación y la investigación educativa; la orientación educativa y profesional; la consolidación del Sistema de Evaluación de la Educación y el fortalecimiento de la institución escolar.
2.1 Programa de Educación Básica
2.1.1 Caminante
La política de ampliación de la cobertura está orientada por los principios de eficiencia y equidad. En este contexto, el programa Caminante tiene como meta la ampliación de cobertura en los niveles de preescolar y media, y la cobertura universal en la educación básica. Para el efecto se concertará un programa de racionalización que se llevará a cabo gradualmente, ajustado a las condiciones particulares de cada entidad territorial.
En las zonas rurales se fortalecerán programas de secundaria que ofrezcan un vínculo entre educación y producción a niños y jóvenes de los grados sexto a noveno.
También, como parte de este programa, se ofrecerán oportunidades educativas a las poblaciones con discapacidad o con talentos y capacidades excepcionales, a los jóvenes en extraedad y a los adultos rezagados del sistema, mediante formas alternativas de atención con calidad y equidad, reduciendo en un punto la tasa nacional de analfabetismo de la población de 15 años o más. Se apoyarán los establecimientos educativos para desarrollar acciones pedagógicas que permitan el proceso de integración de personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas o emocionales.
2.1.2 La organización de la educación formal
Mediante este programa se pretende mejorar la organización de la educación formal. Promoverá la construcción de un sistema que articule autonomía y cohesión, mediante la activa participación de la comunidad educativa en los proyectos educativos institucionales y en los planes de estudio, en el marco del gobierno escolar, Consejo Directivo y Consejo Académico.
Además de las metas de ampliación de cobertura, se buscará que el sistema se constituya de tal manera que garantice la permanencia del estudiante desde el preescolar hasta la educación media.
Este proceso de mejora del sistema de educación -encaminado a que la escuela sea una organización que aprende y se adapta al entorno en que está inserta- se llevará a cabo con el fin de garantizar la promoción y desarrollo humano de todos los niños, niñas y jóvenes de Colombia. En los casos en que la mejor manera de conseguir estos propósitos consista en la articulación de distintos planteles, esto se hará sólo con la integración de planteles estatales desde el preescolar hasta la media, bajo una sola administración y bajo un solo Consejo Directivo.
2.1.3 Educación es calidad
El plan se propone brindar educación de calidad a todos los colombianos en desarrollo de los fines de la educación contenidos en el artículo 5o. de la Ley General de Educación, a saber: el pleno desarrollo de la personalidad; la formación en el respeto por la vida, los derechos humanos y la paz; el aprendizaje de conocimientos científicos, técnicos y artísticos; el desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica; la adquisición de una conciencia para el mejoramiento del medio ambiente; la formación en la práctica del trabajo y la creación de una conciencia de la soberanía nacional.
En desarrollo del programa Educación es Calidad, se definirán lineamientos curriculares y se establecerán estándares por áreas de conocimiento; se consolidará e institucionalizará el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación, que cubrirá la evaluación de la calidad de la enseñanza, la evaluación de los docentes y directivos docentes, el desempeño profesional de los educadores, los logros de los alumnos, la eficiencia de los métodos y textos escolares, la organización administrativa y física, y la eficiencia en la prestación del servicio. Los resultados que arroje el sistema se divulgarán periódicamente con el fin de nutrir la formulación de políticas de formación de docentes, orientación de recursos financieros del Estado para la educación y promover la exigibilidad social de la calidad de la educación.
Especial atención se pondrá en la transformación y acreditación de las instituciones formadoras de docentes; la transformación, innovación y cualificación de los procesos de formación permanente de los educadores. Se continuará con estrategias que permitan identificar, difundir y replicar experiencias reconocidas por su impacto en el logro de los estudiantes.
Se ampliará la jornada escolar con el propósito de ofrecer apoyo pedagógico a los alumnos en la elaboración de sus tareas escolares, conocimiento y uso de métodos de estudio, de promover la lectura a través de la dotación de bibliotecas escolares o apoyo a las bibliotecas públicas, y de brindar a los niños y jóvenes actividades recreativas, deportivas, de formación artística, cultural y ciudadana. Se impulsará gradualmente la Jornada Unica Diurna atendiendo a los criterios de infraestructura, dotación, planta de personal y salario profesional para los docentes que asuman esta modalidad.
Se establecerán convenios con los establecimientos educativos para desarrollar acciones pedagógicas y terapéuticas que permitan el proceso de integración de personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, sensitivas o emocionales.
2.1.4 Ursulas
Este programa busca reconocer que la formación integral de las personas se inicia desde el vientre materno. No contaremos con un sistema equitativo si todos los niños y niñas no han desarrollado, desde la concepción, los fundamentos del aprendizaje.
Para construir las posibilidades de dicho desarrollo, el Gobierno Nacional diseñará y ejecutará este programa que está orientado a la formación de padres, madres y adultos responsables de niños y niñas, bajo el supuesto de que a ellos corresponde la tarea primordial de generar las condiciones psicoafectivas necesarias para que los infantes construyan un sistema de aprendizaje adecuado.
Esto sólo será posible si los adultos toman conciencia y aceptan el papel educativo que desempeñan en la interacción inmediata y constante que tienen con los niños y niñas y responsabilidad en la creación de ambientes afectivos, creativos, estimulantes y de convivencia pacífica.
El Gobierno facilitará la acción adulta en la perspectiva señalada, mediante distintas estrategias y proyectos que tendrán en cuenta las prácticas de crianza favorables para el desarrollo de la población a la cual está dirigido este programa.
Dentro del sistema educativo, el contenido y los propósitos del programa Ursulas le configuran su articulación principal con el nivel obligatorio de Educación Preescolar, cuya cobertura se propone ampliar el Gobierno.
2.2 Educación media
La educación media requiere un gran debate nacional para darle una identidad propia, de la que carece, para que juegue un papel entre la educación básica y la educación superior o el mundo del trabajo.
Sin perjuicio de la inversión de los recursos del situado fiscal y de otros recursos oficiales orientados a la Educación Media, los aportes a que se refiere el artículo 11, numeral 4, de la Ley 21 de 1982, con destinación a las escuelas industriales e institutos técnicos oficiales, podrán invertirse en instituciones con orientación académica para el fortalecimiento de proyectos de ciencia y tecnología.
2.3 Colombia: sociedad de conocimiento
Este Plan se propone impulsar la construcción de Colombia como una sociedad del conocimiento, en un proceso que se debe observar como una totalidad porque contempla el desarrollo de la persona desde la concepción hasta la tumba. En esta perspectiva hay dos elementos fundamentales del sistema que son: la Educación Preescolar, Básica y Media que genera los fundamentos primarios para el desempeño en dicha sociedad; y la Educación Superior que articula la orientación del proceso, generando con la investigación, la docencia y la extensión, un horizonte para la formación en lo superior, hacia el que se dirija la totalidad del sistema educativo en particular y de la Nación en general.
Con esto Colombia logrará situarse en un plano de igualdad en el desarrollo del contexto global y no en condiciones de periferia que subordina su crecimiento a otros.
Este plan impulsa la movilización nacional que está adelantando el Gobierno Nacional con participación de todos los estamentos educativos y de los demás sectores de la sociedad, para construir conjuntamente un sistema viable caracterizado por la capacidad de aprendizaje y adaptación a los cambios del entorno. Este sistema debe balancear autonomía y cohesión y permitir el ejercicio responsable de la primera.
2.3.1 Ampliación del sistema de crédito
Los dineros destinados para este subprograma constituyen un recurso adicional y no sustitutivo de los aportes directos de la Nación para las instituciones públicas de educación superior.
Este subprograma se ejecutará a través del Icetex y busca dos objetivos principales: ampliar la cobertura y mejorar la equidad del sistema de crédito como instrumento para el acceso equitativo a la educación superior. En este mecanismo se dará especial énfasis al crédito para sostenimiento.
En este proceso se introducirán elementos de subsidio en el crédito para cubrir la demanda de crédito para los estratos uno, dos y tres (1, 2 y 3) en instituciones de educación superior que satisfagan los criterios de calidad que establezca el Ministro de Educación Nacional atendiendo el concepto de la Comisión Nacional de Acreditación.
2.3.2 Mejoramiento de la calidad
El objetivo de este subprograma es el de mejorar la calidad y el nivel de la educación superior impartida en el país, protegiendo los derechos de los usuarios de este nivel educativo. Dentro de este subprograma se dará especial énfasis a programas de capacitación de docentes y de mejoramiento de la capacidad académica instalada en instituciones públicas de educación superior.
Para el logro de este objetivo es necesario el establecimiento de instituciones e instrumentos de regulación eficaces; en particular, se fortalecerá el sistema de información de la educación superior que permita discriminar la calidad de la oferta y se apoyarán los procesos de inspección, vigilancia y acreditación.
2.3.3 Impulso a la educación tecnológica y la capacidad científica
Mediante este subprograma se pretende impulsar las capacidades científicas y tecnológicas de las universidades de modo que contribuyan al desarrollo y a la solución de las necesidades del país.
Para el logro de este objetivo se dará especial énfasis a la financiación de programas de maestrías y doctorados en las universidades públicas.
Igualmente, la Nación promoverá el mejoramiento de la calidad y la pertinencia de la educación tecnológica, lo mismo que promoverá la selección de este tipo de programas por parte de los jóvenes con la intención de acelerar y facilitar la modernización científica y tecnológica.
El Gobierno Nacional también apoyará a sus cuerpos consultivos especialmente a las academias colombianas (Lengua, Medicina, Jurisprudencia, Historia, Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Ciencias Económicas, Sociedad Colombiana de Ingenieros, Sociedad Colombiana de Arquitectos, Sociedad Geográfica Colombiana, Patronato de Artes y Ciencias) e Instituto Caro y Cuervo, y todas aquellas que formen parte del Colegio Máximo de Academias Colombianas. Para tal efecto, el Ministerio de Educación u otras entidades estatales podrán celebrar contratos con estas instituciones, a fin de promover el avance del saber y de la cultura colombiana en el área que a cada una le compete.
2.4 Juventud
2.4.1 Constructores de un nuevo país
Con el propósito de implementar la Política Nacional de Juventud para el cuatrienio y desarrollar la Ley 375 de 1997, el Ministerio de Educación Nacional, a través del Viceministerio de la Juventud, se concentrará en el cumplimiento de los siguientes objetivos: promover a los jóvenes como constructores de paz, generando nuevas formas de servicio a la sociedad y posibilitando el acceso a más y mejores bienes y servicios; fomentar la educación y la formación integral, incluyendo las dimensiones que permitan a la juventud construir, expresar y desarrollar su identidad para que participe de manera activa en la vida social del país; y promover la asistencia técnica a las entidades territoriales y organismos no gubernamentales para el diseño de las Políticas de Atención a la Población Juvenil mediante la promoción de la participación y la institucionalización de programas para dicha población.
Como líneas de acción básicas para alcanzar este propósito, se implementará con el liderazgo del Viceministerio, el Sistema Nacional de Juventud como el conjunto de instituciones, organizaciones, entidades y personas que trabajan con y en pro de los jóvenes, fomentando los Consejos de Juventud; los Servicios Integrados para Jóvenes, mediante Cuerpos Solidarios Juveniles como alternativas para que los jóvenes puedan proyectarse, y las Casas de la Juventud como espacios de encuentro, socialización y capacitación juvenil.
2.5 Deporte
El Gobierno Nacional apoyará el proceso de descentralización del sector, avanzando en la transformación del Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes, en una institución técnica de investigación y asesoría en materia deportiva, que administre un Sistema de Información para efectuar el seguimiento y evaluación de resultados en los entes territoriales.
Se avanzará en la descentralización del deporte. La Nación promoverá las iniciativas de las entidades territoriales y del sector privado para los programas de deporte formativo y de alto rendimiento.
En este sentido el Gobierno Nacional garantizará presupuestalmente la celebración de los juegos deportivos nacionales programados bajo criterios técnicos y equitativos con las regiones, como elemento integrador de la juventud colombiana, para lo cual coordinará con Coldeportes Nacional y las entidades territoriales correspondientes, su efectiva ejecución.
2.6 Recreación: Herramienta de construcción de paz y desarrollo social
El Plan operacionalizará la recreación como componente integrador de las diversas áreas de bienestar y ajuste de individuos y colectividades, procurando que su carácter de medio para el desarrollo integral urbano y social, se concrete en su aporte al bienestar general de la población infantil, juvenil y la tercera edad, teniendo en cuenta género, condición y etnia.
Esto se hará posible mediante la puesta en marcha del Plan Nacional de Recreación, que contará con el apoyo de las organizaciones y asociaciones de la sociedad civil comprometidas con el sector y de las Cajas de Compensación. Adicionalmente tendrá soporte en la consolidación del Sistema Nacional de Recreación, del Servicio Social Obligatorio y el voluntariado en el sector y del sistema de información para el monitoreo, seguimiento y evaluación de resultados de la gestión en recreación de los entes territoriales.
3. Cultura
3.1 La organización del sector
Mediante este programa se consolidará el Sistema Nacional de Cultura, a través de la creación de consejos e instituciones territoriales de cultura, el fortalecimiento de organizaciones no gubernamentales y agentes culturales y la consolidación de los procesos que vivifican y estructuren el Sistema: formación, información, planeación, organización y financiación. Con este fin, se implementarán programas encaminados a fortalecer financieramente el sector, tanto a nivel nacional como a nivel territorial, canalizando los recursos generados por la cultura hacia el mismo sector.
3.2 Patrimonio cultural de la Nación
La acción del Estado se centrará en la identificación, investigación, análisis, conservación, restauración, difusión y valoración del patrimonio cultural material (documental, sonoro, visual, fílmico, mueble e inmueble), y no material (memoria, tradiciones, costumbres, entre otros), que hacen parte del conjunto del patrimonio artístico y cultural de la Nación, patrimonio que es eje fundamental del desarrollo y fuente esencial de la memoria y la identidad.
Se fortalecerán los museos, bibliotecas, centros documentales y archivos, como ejes de la atención, cuidado y fortalecimiento del patrimonio cultural en el país. Se fortalecerán igualmente el Museo Nacional, la Biblioteca Nacional, el Instituto Colombiano de Antropología y el Archivo General de la Nación, entidades que se constituyen como ejes de la acción patrimonial directa del Gobierno. Se consolidará la ampliación física del Museo Nacional como proyecto de interés social para fortalecer labores educativas y culturales y como apoyo a los demás museos del país, en sus servicios educativos y culturales para los colombianos del próximo siglo.
3.3 Formación artística y cultural
Este programa fomentará el conocimiento de nuestra realidad, historia, mitos y raíces. El impulso a la antropología y a la arqueología y el rescate de la enseñanza de las humanidades a nivel escolar contribuirán a lograr este cometido. Se promoverá el fortalecimiento de los programas y de las instituciones nacionales y territoriales, encargadas de desarrollar procesos pedagógicos-artísticos y culturales y se promoverá la formación y profesionalización de los creadores y los gestores culturales.
3.4 Fomento a la creación y a la investigación artística y cultural
Se estimulará la creación y la investigación artística con el objeto de reconocer y promover el inmenso potencial artístico que pueda garantizarle al país la continuidad de sus tradiciones culturales; se trata de conciliar conceptos como identidad y globalización, y de elevar el nivel de los artistas nacionales y su profesionalización.
3.5 Cultura y medios de comunicación
Se buscará fortalecer los procesos comunicativos (radiales, televisivos, impresos y cinematográficos) que refuercen los diálogos interculturales que ocurren en el territorio nacional, con el propósito de contribuir a democratizar la información y el acceso a las actividades, los bienes y los servicios artísticos y culturales. Se continuará, a través de las radios comunitarias, con la promoción de mecanismos reales y eficientes para proteger, conservar, rehabilitar y divulgar nuestro patrimonio cultural, en particular el sonoro (musical y oral).
De igual forma, se participará activamente en la consolidación del canal de televisión cultural, y se propenderá por la ampliación de espacios de programación cultural en los concesionarios de los medios de comunicación radiales y televisivos, buscando mecanismos para estimular a los canales privados con el fin que produzcan y exhiban programas de alto nivel cultural. Se fomentará la producción cinematográfica nacional mediante la generación de medios de financiamiento públicos y privados de fuente nacional, bilateral e internacional.
3.6 Industrias culturales
Con el fin de consolidar el sector cultural como fuente de desarrollo económico y social, en los casos en que ello sea posible y conveniente, se buscará incorporar la producción cultural en las dinámicas del mercado, a través de las industrias y servicios culturales para lo cual se facilitarán mecanismos que incentiven la inversión en el sector, tales como depósitos aduaneros dedicados a la actividad cultural. Los sectores prioritarios para el desarrollo de estas políticas serán la industria editorial, la industria cinematográfica, fonográfica y el turismo cultural, entre otros. Para su fortalecimiento se canalizarán recursos hacia el Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica y el Fondo Mixto Nacional de Promoción.
4. Salud
4.1 Afiliación al régimen subsidiado de salud, atención de accidentes de tránsito, víctimas de catástrofes naturales y fortalecimiento de la red de urgencias
El Gobierno Nacional y las entidades territoriales garantizarán la cobertura de afiliación al régimen subsidiado del sistema de seguridad social en salud y promoverán su ampliación.
Para esto destinarán los recursos de la subcuenta de solidaridad del Fosyga y las demás fuentes de financiación del régimen subsidiado.
El incremento de cupos en la cobertura de régimen subsidiado se hará teniendo en cuenta principalmente los niveles del NBI y de menor cobertura de los diferentes municipios, y se corregirá el desequilibrio existente entre las diferentes regiones del país. El nivel nacional a través del Fosyga destinará mayores recursos para los municipios con mayor NBI y menor cobertura y así cumplir con el principio de equidad y obligatoriedad de que habla la Ley 100 de 1993.
Los recursos de la subcuenta ECAT financiarán la atención en salud de las víctimas de accidentes de tránsito, de accidentes terroristas, catástrofes naturales, o de otros eventos expresamente aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, así como la indemnización por incapacidad permanente y por muerte, gastos funerarios y gastos de transporte al centro asistencial de esta misma población. Estos recursos financiarán, una vez cubiertos los beneficios anteriores, programas de fortalecimiento institucional de la red nacional de urgencias y de prevención y atención de accidentes de tránsito, eventos catastróficos y terroristas, así como aquellos destinados al tratamiento y rehabilitación de sus víctimas, previa aprobación de distribución y asignación por parte del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.
El Gobierno Nacional y el Consejo Nacional de Seguridad Social podrán revisar y ajustar los topes de cobertura de los beneficios a cargo del SOAT y del Fosyga. Los demás riesgos serán atendidos con cargo a las subcuentas de ECAT de acuerdo con la reglamentación que se expida.
4.2 Plan de atención básica
El Ministerio de Salud acordará con los ministerios del Medio Ambiente y Educación Nacional y con las entidades territoriales en el marco del Plan de Atención Básica, PAB, el desarrollo de estrategias integradas de control de enfermedades emergentes y reemergentes con énfasis en la promoción de la salud, la participación social y el ordenamiento del medio ambiente. El Gobierno Nacional, las entidades territoriales, las EPS y las ARS garantizarán prioritariamente la financiación y el suministro oportuno de los productos biológicos requeridos para el cumplimiento de las metas determinadas en el Plan ampliado de inmunización con el fin de lograr la cobertura universal en materia de vacunaciones.
El Ministerio de Salud liderará la puesta en marcha de una estrategia integral de promoción de la maternidad y paternidad responsables y de la salud sexual, con énfasis en la población adolescente y con perspectiva de género. Para hacer efectivo este programa el Ministerio de Salud recurrirá a los recursos de que habla el parágrafo 2o. del artículo 166 de la Ley 100 de 1993. Además, el Ministerio de Salud promoverá la atención integral en salud a la población que se encuentre en situación de desplazamiento forzoso, propiciará los espacios municipales para la promoción de la convivencia pacífica y orientará al sector en la integración al Plan Nacional de Prevención y Atención de la Violencia. Se incluirán acciones para prevenir el consumo de alcohol, cigarrillos y otras sustancias psicoactivas en niños, niñas y adolescentes. Así mismo, dentro del Plan Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad y Minusvalía, se pondrá en marcha las acciones de promoción de una cultura de integración social de la persona con discapacidad en igualdad de oportunidades.
El Gobierno Nacional priorizará y promoverá la contratación de las actividades del PAB, a través de la red pública garantizando mínimo el cincuenta por ciento (50%) y definirá las condiciones mínimas de contratación tanto en la red pública como en la red privada.
4.3 Otros programas
4.3.1 Estabilidad financiera
Para garantizar la estabilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud, SGSSS, y lograr el acceso a los servicios de salud con equidad, se controlará la evasión y elusión de aportes, y se estudiará la posibilidad de crear una central única de recaudo para las distintas contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud, SGSSS, o se utilizarán otros sistemas de información como el registro único de aportantes. Así mismo, se evitará la múltiple afiliación al sistema y la afiliación fraudulenta. Se establecerán mecanismos con el objeto de proteger los derechos de los afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud, SGSSS, en cuanto al aseguramiento y por ende la prestación de los servicios, en caso de que las Empresas Prestadoras de Servicios de Salud, EPS, o las Administradoras del Régimen Subsidiado, ARS, a la cual se encuentran afiliados, tengan problemas de solvencia o quiebra. Por otro lado, se garantizarán los recursos para la sostenibilidad del Régimen Subsidiado de Salud. El Gobierno Nacional establecerá los mecanismos y procedimientos de compensación, diseñando las etapas del proceso y sus fechas de presentación.
Incurrirán en causal de mala conducta, sin perjuicio de las acciones fiscales, penales, civiles y administrativas a que haya lugar, los alcaldes o gobernadores que desvíen o demoren, o no entreguen oportunamente los recursos correspondientes al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). Así mismo es deber de las ARS cancelar oportunamente sus obligaciones con las instituciones prestadoras de salud.
4.3.2 Aumento de cobertura
Con el propósito de garantizar el acceso de todas las personas a los servicios de promoción, prevención, recuperación de la salud, sin que se altere el principio de equilibrio financiero, que garantiza la sostenibilidad del régimen subsidiado existente, y aceptando los porcentajes de la vigencia de 1999 se suspenderá la transición de la Ley 344 de 1996 de transformación de subsidio de oferta a demanda, para garantizar la atención en salud de la población vinculada al sistema y para la atención de las patologías no incluidas en el Plan Obligatorio de Salud (POS) del régimen subsidiado.
El Consejo de Seguridad Social en Salud revisará la transformación de los subsidios de oferta a la demanda teniendo en cuenta los recursos fiscales y la evaluación de la población vinculada y afiliada.
El Consejo de Seguridad Social en Salud podrá definir el acceso a los servicios de salud para ciertos grupos de población en condiciones especiales, como los indigentes, los niños abandonados y los desplazados.
De igual forma se crearán subsidios parciales para los trabajadores independientes de niveles tres (3) y cuatro (4) del Sisben, de conformidad con la reglamentación que establezca el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. El Gobierno Nacional aportará nuevos recursos para esos subsidios parciales. El Gobierno Nacional financiará el estudio que permita definir la capacidad de pago de estos grupos de población, de tal manera que los trabajadores independientes aporten para su afiliación de acuerdo con sus ingresos. Se estudiarán alternativas para reducir el porcentaje de cotización o pagar el valor de la Unidad de Pago por Capitación, UPC, y se evitará la afiliación de población no pobre al régimen subsidiado. La población que pudiendo afiliarse no se afilie, deberá asumir directamente los costos de la atención de salud que requiera. Las cajas de compensación familiar que estén manejando hogares comunitarios, podrán destinar los nuevos recursos del régimen subsidiado para la afiliación de niños menores de seis (6) años de escasos recursos y sus familias. En todo caso, las cajas deberán mantener la financiación de sus afiliados actuales al régimen subsidiado.
4.3.3 Entidades aseguradoras y prestadoras de servicios de salud
Se revisarán los requisitos existentes para la conformación de empresas promotoras de salud, administradoras del régimen subsidiado e instituciones prestadoras de servicios de salud para que en la creación de nuevas entidades de este tipo, se garantice la existencia de condiciones técnicas, administrativas y financieras que les permitan responder en debida forma con sus obligaciones.
Aquellas que no tengan viabilidad financiera se liquidarán. Las Administradoras del Régimen Subsidiado, ARS, y las Empresas Solidarias de Salud, ESS, podrán agruparse para garantizar la compensación del riesgo y fortalecer su capacidad financiera. El Gobierno Nacional definirá el carácter de las ARS para optimizar la utilización de los recursos de la UPC del régimen subsidiado para la prestación de los servicios de salud. Si los recursos que las ARS deben destinar para prestación de servicios no se requieren en la vigencia en su totalidad, éstos deben reservarse en un fondo destinado a la prestación de servicios. El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud podrá crear una cuenta especial de provisión en el Fosyga para garantizar la prestación de los servicios. Se estudiará la posibilidad de reestructurar las ARP para financiar los gastos de salud generados en riesgos profesionales. El Gobierno Nacional evaluará la respuesta dada por las entidades que manejan el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT, en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones, con el fin de garantizar que la totalidad de los gastos de salud generados en accidentes de tránsito sean pagados por este seguro. Los accidentes de tránsito que provengan de un riesgo profesional se pagarán con cargo a los recursos del Sistema de Riesgos Profesionales. Las EPS públicas y las entidades adaptadas, deberán cumplir cabalmente con lo establecido en la Ley 100 de 1993. Así mismo, las EPS, las ARS y entidades adaptadas no podrán otorgar incentivos diferentes a mejorar la cantidad y calidad de servicios de salud previstos en el Régimen, ni subcontratar la totalidad de los POS con otras entidades, ni delegar la garantía y calidad de la prestación del servicio.
El Instituto de los Seguros Sociales, ISS, se fortalecerá institucionalmente y pondrá en funcionamiento el sistema de información, que le permita administrar eficientemente los diferentes seguros y la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, SGSSS.
Facúltase al Gobierno Nacional hasta el 31 de diciembre de 1999, para adoptar las medidas que se requieran en orden a reestructurar los servicios asistenciales en salud del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República sobre la base de su viabilidad funcional y financiera, con arreglo a los estudios técnico-jurídicos que adelantará al respecto.
Durante este término el Fondo continuará prestando los servicios asistenciales en salud en las mismas condiciones en que lo viene haciendo. Para efectos de financiamiento de los servicios adicionales al plan obligatorio de salud con recursos diferentes de las cotizaciones obligatorias, el gobierno fijará las contribuciones adicionales que sean menester, a cargo de los afiliados y de la Nación, aplicando a este último efecto los recursos previstos en la Ley de Presupuesto y el Decreto 2354 del 19 de noviembre de 1998, sección 1805 Fondo de Previsión Social del Congreso, A. Funcionamiento, Unidad 1805-02 Salud, rubro 3-5-3-7-10 Otras transferencias-Recursos corrientes.
4.3.4 Fortalecimiento del sistema de garantía de calidad
Se trabajará en el fortalecimiento del sistema de garantía de calidad en Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, IPS, y Empresas Promotoras de Servicios de Salud, EPS, a través de mecanismos que incentiven el logro de niveles superiores de calidad. El Ministerio creará un sistema de indicadores de resultados que permita evaluar la calidad en la prestación de los servicios y lo pondrá en marcha en coordinación con las EPS y ARS. Así mismo, reglamentará la acreditación de las IPS.
4.3.5 Hospitales públicos
Los hospitales públicos deberán transformarse en Empresas Sociales del Estado, ESE. Para ello deberán reestructurar sus plantas de personal, flexibilizar su sistema de contratación, mejorar su gestión, garantizar la solvencia de sus sistemas de referencia y contrarreferencia y adecuar los servicios que prestan para garantizar sostenibilidad. Para esto el Gobierno Nacional implementará planes de fortalecimiento institucional para la red pública de servicios de salud, cofinanciados con las entidades territoriales y/o los hospitales, con el fin de mejorar la prestación de los servicios de promoción, prevención, protección y recuperación de la salud en forma integral. En todo caso, no se vulnerarán los derechos legales y convencionales que hayan sido pactados o reconocidos con arreglo a la ley. El Ministerio de Salud y los entes territoriales ofrecerán la asistencia técnica, la capacitación y el apoyo financiero necesario mediante créditos, para la adecuación de las plantas de personal requeridas según el nivel de complejidad y las posibilidades de cada región.
El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud tendrá la potestad para definir el porcentaje mínimo y las condiciones de la contratación entre las ARS y las IPS públicas.
El Gobierno Nacional reglamentará la composición, calidades y cualidades de los componentes de las Juntas Directivas de las Empresas Sociales del Estado, ESE.
4.3.6 Sistema de información
Se establecerá un sistema integral de información en salud confiable y oportuno que permita el seguimiento de las acciones de los gobiernos locales y el flujo de información hacia estos niveles, de tal forma que se les faciliten sus funciones. Así mismo, se promoverá la homologación de los sistemas de información y la integración de las acciones de todos los actores con el fin de lograr el control y seguimiento, tanto de los usuarios del sistema como de los aspectos relacionados con la prestación de los servicios y el manejo del conjunto de los recursos e infraestructura del sector.
4.3.7 Sistema de vigilancia y control
En éste, las distintas instancias que lo conformen, a saber; el Gobierno Nacional y las entidades territoriales, definirán claramente las competencias y las funciones que cada instancia desarrollará. Así mismo, se incluirán mecanismos de participación ciudadana en el control integral del Sistema General de Seguridad Social en Salud, SGSSS, en especial en los temas de afiliación y garantía en la satisfacción de los derechos de los usuarios. Se estructurará y adecuará el sistema de vigilancia y control y la Superintendencia de Salud como cabeza del sistema. A nivel territorial, la Superintendencia de Salud podrá exigir a los entes vigilados contratar auditorías externas y/o se generarán mecanismos con el fin de que los entes vigilados contribuyan al financiamiento de esta función.
Igualmente, la Superintendencia podrá contratar auditorías cuando lo requiera.
Se fortalecerán los mecanismos de participación ciudadana en el control integral del Sistema General de Seguridad Social en Salud, SGSSS.
4.3.8 Investigación científica en salud
El Ministerio de Salud adelantará acciones de promoción de la investigación científica en salud básica y aplicada en las áreas de interés para el país, con miras a brindar un proceso continuo de mejoramiento de la calidad científica y ética en la prestación de los servicios de salud. Así mismo, promoverá procesos de planeación tecnológica, con el fin de fortalecer su racionalización y su adecuada prestación.
Se mantendrán el monopolio rentístico de las loterías, la totalidad de los juegos de suerte y azar y el conjunto de las rentas cedidas para la salud, con destinación específica para financiar el sector. El Gobierno Nacional determinará un porcentaje del producto de los juegos de suerte y azar con destino a la investigación y ciencia en salud.
5. Familia y niñez
5.1 Programa familia y niñez
Los lineamientos generales de la política orientada hacia la familia colombiana se enmarcan en la búsqueda de un compromiso social que promueva mejores condiciones para el desarrollo individual y colectivo de sus miembros, particularmente de los derechos de los niños y niñas, así como en la corrección de la inequidad adicional que se genera vía el menor capital humano y social de las familias pobres.
5.2 Familia
Durante este gobierno se promoverán las condiciones para el fortalecimiento y desarrollo de la familia colombiana, incidiendo en los factores protectores que favorecen el regeneramiento del tejido social. Con este fin, se estudiará la estructura impositiva actual de las personas naturales, las tasas impositivas por tipo de familia, así como el subsidio familiar, de tal manera que éstos operen en la dirección de incentivar un mayor capital social para la familia.
5.2.1 Promoción y prevención
Uno de los énfasis de este Plan consiste en vigorizar la promoción y la prevención, mediante diferentes mecanismos en los que la sociedad civil tendrá un papel preponderante y cuyo eje es el establecimiento educativo y el hogar comunitario de bienestar. Los maestros, los padres de familia, las madres comunitarias y otros agentes comunitarios serán capacitados en la detección precoz del maltrato y de los problemas familiares y en las acciones a seguir en cuanto a la forma de aproximación al niño y de la remisión a otras entidades de apoyo en los casos que se requieran.
5.2.2 Plan Nacional de Alimentación y Nutrición
A través del Sistema Nacional de Bienestar Familiar se articularán las ocho líneas de acción del Plan Nacional de Alimentación y Nutrición, que actuará prioritariamente en los niños y niñas de las escuelas oficiales con énfasis en los sectores rurales y urbano marginales que presenten mayores déficits nutricionales, mujeres embarazadas, madres lactantes y menores de seis (6) años no cubiertos por hogares comunitarios.
5.2.3 Plan nacional contra la violencia intrafamiliar
El Plan generará las directrices nacionales que servirán de línea de base o estándar mínimo de atención para la articulación de las diferentes acciones preventivas, educativas, de apoyo, de atención y protección que darán nuevas y adecuadas respuestas a la problemática de la violencia intrafamiliar.
5.2.4 Plan nacional contra las drogas
Este programa pretende promover una transformación cultural y un mejoramiento de la calidad de vida a través del empoderamiento de la población, creando las condiciones necesarias para que las comunidades logren una comprensión integral de su realidad, desarrollen estrategias novedosas comunitarias, se apropien de sus problemas y propongan y ejecuten alternativas de solución.
5.2.5 Programas de atención integral a la niñez
La política está encaminada a promover la atención integral de la niñez y la solución de conflictos al interior de la familia y la comunidad, bajo los principios de compromiso, participación, equidad de género y respeto a las diferencias culturales y regionales, tanto en las zonas urbanas como en las rurales.
5.2.5.1 Nuevos hogares comunitarios
Se promoverá la atención integral a los niños pobres menores de seis (6) años. Para esto se crearán nuevos modelos de atención con la concurrencia del ICBF, las cajas de compensación familiar, los gobiernos municipales y las familias de los niños, entre otros actores. No se manejará un único esquema de atención, pero los que se diseñen deberán garantizar la atención integral. Cada caja de compensación, de acuerdo con sus posibilidades y las características de su población, podrá estructurar el programa.
5.2.5.2 Iniciativas municipales para la atención del menor
Este programa busca cualificar la atención y protección ofrecida a la población que tradicionalmente ha sido beneficiaria de los programas del ICBF, a través del apoyo de iniciativas originadas por autogestión de la comunidad, el gobierno local, las empresas y las organizaciones presentes en la localidad. Se pretende que la solución a las deficiencias nutricionales y el cuidado y protección de los niños, sean atendidos prioritariamente al interior de la familia, de la sociedad y del municipio.
5.2.6 Juventudes
Los programas de juventud buscan contribuir al mejoramiento del bienestar de los jóvenes fortaleciendo las cualidades, capacidades y aptitudes del individuo que conduzcan a una formación integral, permitiendo su desarrollo físico, psicológico y social y propiciando una mejor y mayor participación activa de los jóvenes en el desarrollo del país.
En tal sentido, el Gobierno Nacional impulsará el Sistema Nacional de Juventudes y formulará un Plan Nacional de Solidaridad Juvenil para promover el servicio social y el voluntariado juvenil como forma de expresión y potencialidad para el trabajo. De la misma forma, prestará especial apoyo al proceso de resocialización de la población juvenil carcelaria.
5.2.7 Políticas en reproducción responsable
Se elaborará y pondrá en marcha el Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, liderado por el sector salud en coordinación con el sector educativo y el ICBF, abordando la salud sexual y la atención de la salud reproductiva en forma integral.
5.2.8 Comunicación social
Un componente fundamental en el gran cambio tendiente al nacimiento de una nueva cultura en favor de la familia es el de la comunicación social, que acompañe de manera permanente, a nivel nacional, departamental, municipal y en todos los establecimientos (escuelas, centros de salud, hospitales, hogares de bienestar), la puesta en marcha de las políticas que se adoptan.
5.3 Protección
5.3.1 Protección especial al menor de 18 años
A través del plan de eficiencia en la protección se hará: la revisión y actualización de las normas y procedimientos de protección especial; la promoción de mecanismos que agilicen los procesos jurídicos y administrativos; el incremento de las medidas de ubicación familiar de los menores con preferencia a las medidas institucionales y en concordancia con las características regionales y culturales; el desarrollo de estándares de calidad en la prestación de los servicios.
5.3.2 Atención especial al discapacitado y al minusválido
Esta política tiene como objetivo crear una cultura de tolerancia, de respeto de los derechos y libertades a ser diferente, con base en los principios constitucionales de reconocimiento de la dignidad de la persona, los derechos fundamentales, la equidad y la solidaridad.
Se revisará el Sisben y las tasas impositivas con el fin de reconocer los mayores costos en que incurre una familia que vive con un miembro discapacitado y se crearán incentivos para la contratación laboral de esta población. Así mismo, se incluirá a la población discapacitada dentro del sistema de información de empleo del SENA y esta misma entidad proveerá cursos de capacitación para el trabajo con discapacitados en las áreas en que las empresas lo requieran cuando utilizan esta clase de trabajadores.
5.3.3 Protección especial a la población mayor de 60 años
La protección de la población mayor de sesenta (60) años se llevará a cabo en coordinación con las entidades territoriales, principalmente a través de tres estrategias diferentes: Incorporación voluntaria de esta población al programa jornada escolar complementaria, entrega de subsidios y afiliación al régimen subsidiado en salud.
5.4 Institucionales
5.4.1 Sistema Nacional de Bienestar Familiar, SNBF
El Gobierno Nacional pondrá en operación el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, SNBF, generando las condiciones para que sus actores actúen interinstitucionalmente en torno de la política de familia y niñez. Igualmente se propenderá a su puesta en marcha a nivel territorial.
5.4.2 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Dadas las competencias y responsabilidades vigentes actualmente para los gobiernos locales sobre los programas sociales, se pone en evidencia la necesidad de redefinir las funciones y operación del Instituto y su relación con el Sistema Nacional de Bienestar Familiar.
5.4.3 Plan de Acción en Favor de la Infancia, PAFI
El Gobierno Nacional promoverá el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Acción en Favor de la Infancia, PAFI, mediante la coordinación con las entidades responsables en el nivel nacional, con los grupos intersectoriales departamentales y con los organismos de planeación territorial, para gestionar la inclusión, ejecución y seguimiento de las políticas de familia e infancia en los planes de desarrollo de las entidades territoriales.
6. Plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
El Plan de igualdad entre mujeres y hombres es el instrumento a través del cual el Estado colombiano se propone dar cumplimiento a los principios constitucionales de igualdad y a los acuerdos internacionales suscritos por el país respecto a la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Se hace efectivo mediante el diseño y formulación, en diferentes sectores, de estrategias que permitan superar las limitaciones y obstáculos que impiden la participación de las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres en la vida política, económica, familiar, social, cultural, en cargos de toma de decisiones y en el poder público.
Bajo estos preceptos, el Gobierno Nacional tendrá la obligación de diseñar programas y proyectos que den prelación a la ocupación de la mujer, e impulsar procesos de capacitación y desarrollo integral como reconocimiento a su condición de eje de la familia y a su vez, ésta como núcleo de la sociedad.
7. Sector agropecuario
Las acciones en el sector agropecuario estarán dirigidas a integrar y modernizar al sector rural, mediante una política que busca proveer condiciones para un desarrollo competitivo, equitativo y sostenible del campo, en su diversidad y complejidad.
Para lograr este objetivo es necesario ser eficientes en la ejecución de los programas gubernamentales adelantados de manera participativa y descentralizada basado en un ajuste institucional que facilite la integración y regionalización de las acciones y la adecuación de las instituciones a la dinámica del mercado reduciendo los trámites, mejorando la eficiencia, y buscando una coordinación entre las entidades.
Se dará especial énfasis a los incentivos, a la inversión privada como son: el Incentivo a la Capitalización Rural, ICR, y el Certificado de Incentivo Forestal, CIF. Así mismo, se establecerá preferencialmente la política de desarrollo a través de alianzas estratégicas valiéndose de instrumentos como son los incentivos vía crédito y el Fondo Agropecuario de Garantías y seguro agropecuario al financiamiento rural, por operación de mercado de capitales, de la bolsa nacional agropecuaria e instrumentos de política sectorial en ciencia y tecnología, comercio exterior, reforma agraria y políticas de comercialización, entre otras. Lo anterior, con el propósito de reactivar la inversión rural en nuevos proyectos productivos, muy especialmente en cultivos de ciclo corto o de tardío rendimiento que se adapten a sus respectivos flujos de ingresos, en procura de mayores logros en la competitividad que acompañarán el proceso de transición. Es propósito del Gobierno Nacional facilitar la participación del sector privado en alianzas productivas y sociales como base del desarrollo.
En cumplimiento del programa de Gobierno el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural diseñará y pondrá en marcha una política de transición para elevar la productividad de las actividades agropecuarias promisorias y para establecer nuevas actividades que reemplacen aquella en las cuales no se evidencien posibilidades de mejorar su competitividad en un mercado abierto. Estos programas se dirigen a superar la falta de preparación del sector para la apertura y a orientar subsectores productivos agropecuarios hacia la exportación.
Esta política contemplará apoyos específicos, capacitación del recurso humano, asesoría, rebajas tributarias y otros estímulos a la inversión, reformas a la propiedad de la tierra, investigación, adecuación del aparato institucional para atender los requerimientos de la transición y una política comercial adecuada.
Los Ministerios de Agricultura y Comercio Exterior en asocio con los gremios de la producción definirán los productos y regiones objeto de cada programa.
El objetivo de política integral expresadas en las alianzas productivas y sociales es atraer recursos e impulsar la inversión en proyectos agroindustriales, agroforestales, silvopastoriles y acuiculturales, de carácter social que permitan impulsar el desarrollo y lograr la paz en las zonas rurales, mediante una estrecha asociación entre grandes, medianos y pequeños productores, inversionistas nacionales y extranjeros, industriales generadores de tecnología, comunidad rural, organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos nacional, regional y local, para la realización de proyectos productivos y sociales rurales que permitan impulsar el desarrollo del sector y hacer posible la redistribución equitativa del ingreso, la superación de la pobreza y el logro de la paz.
Para aumentar la generación de empleo y los ingresos de los trabajadores del campo
-requisito indispensable para lograr un ambiente de armonía y paz-, se facilitará el acceso a factores productivos con recursos provenientes, especialmente del Plan Colombia, del Fondo de Inversión para la Paz, y a través del programa de reforma agraria.
Para lograr la reactivación del campo, la generación de empleo rural, la disminución de la migración campesina a las ciudades y para cumplir con la meta de duplicar las exportaciones que propone el presente Plan. El Gobierno Nacional deberá contemplar estrategias de protección con acciones inmediatas que contribuyan a la política de absorción de empleo, recuperando para la producción de 120 mil hectáreas en 1999 y una cifra no inferior en los años siguientes a la vigencia de la presente ley, y apoyo a la producción nacional de alimentos, otorgando tratamiento preferencial al crédito de producción y comercialización, y procediendo a la implementación de la reclasificación del riesgo para acceder a créditos por parte del sector agropecuario mejorando la infraestructura y estableciendo mecanismos de fomento a la producción y al consumo interno de alimentos.
Se apoyará la entrada de productos agrícolas, agroforestales y agroindustriales a los mercados internacionales; contando con el apoyo de Proexport y la Corporación Colombia Internacional, quien se encarga de ser incubadora de proyectos productivos con una labor de investigación e inteligencia de mercados y promoción de proyectos con potencial exportador.
7.1 Incentivo a la capitalización rural
A través de este programa, se continuarán jalonando recursos del sector privado, en beneficio del desarrollo y la competitividad agropecuaria. Se actuará para lograr resultados en áreas tales como: adecuación de tierras, comercialización, mecanización, modernización e insumos, servicios de apoyo y fomento a la producción limpia.
Para la asignación del ICR deberá tenerse en cuenta que su distribución refleje las posibilidades que ofrecen productos con capacidad competitiva.
7.2 Política comercial externa
En el marco de los acuerdos sectoriales de competitividad y los compromisos internacionales, se realizará una protección a la producción nacional que tendrá en cuenta el tratamineto que los países competidores le dan a su producción, y la sensibilidad de la producción nacional. Se propenderá por el desmonte de las distorsiones y barreras al comercio.
Se revisará y ajustará el régimen de protección actualmente vigente a nivel de la comunidad andina, en el marco de los acuerdos vigentes.
Se sujetarán los compromisos internacionales adquiridos mediante tratados y acuerdos de integración al cumplimiento de metas claras en materia de modernización y competitividad sectorial.
Se diseñará y ejecutará una política comercial de transición, que permita adaptar al sector agropecuario colombiano a los retos que imponen los procesos de integración.
Se apoyará la investigación de mercados internacionales en la Corporación Colombia Internacional (CCI) para productos agropecuarios, agroindustriales, agroforestales y silvo- pastoriles, identificando, promoviendo y desarrollando oportunidades y proyectos para bienes de origen agropecuario con potencial de producción a nivel nacional.
7.3 Comercialización interna
En este campo se modernizarán los sistemas de comercialización agropecuaria para reducir la incertidumbre de los productores y mejorar su capacidad de negociación, reducir costos de transacción y aumentar la competitividad del sector. Adicionalmente, se fortalecerá la política de incentivos, compensaciones y subsidios a la comercialización dirigidos al sector privado para que ejecuten la política de comercialización, pero serán desmontados en el tiempo y sus beneficios serán principalmente para aquellos agentes que promuevan la modernización, competitividad y agricultura por contrato.
7.4 Política crediticia agropecuaria
Para incentivar la inversión rural, se impulsará la financiación de actividades de producción, transformación, comercialización y prestación de servicios asociados a actividades agropecuarias, con recursos provenientes del Plan Colombia y del Fondo de Inversión para la Paz. El sistema financiero nacional, con el apoyo de Finagro, será fundamental en el logro de dichos propósitos.
Se promoverán líneas de crédito para proyectos productivos con potencial competitivo en cultivos de ciclo corto o de tardío rendimiento que se adapten a sus respectivos flujos de ingresos. Se reestructurará integralmente la Caja Agraria y se buscará desarrollar una política de crédito para mejorar los servicios financieros rurales y ampliar la cobertura y acceso especialmente de los pequeños productores y en general de las actividades económicas rurales.
El Gobierno Nacional diseñará mecanismos legales que garanticen el acceso al crédito a los productores agropecuarios, por medio de la reclasificación del riesgo.
La política crediticia se acompañará de mecanismos que permitan solucionar la deuda morosa de los pequeños y medianos productores, con miras a rehabilitarlos como sujetos de crédito y normalizar la disciplina crediticia del sector, mediante la compra con descuento de la cartera crediticia agropecuaria a los intermediarios financieros, a la par que apoyar estrategias que hagan viable la recuperación de las deudas así adquiridas. Para ello se impulsarán la creación de fondos departamentales de reactivación y fomento agropecuario como sociedades de economía mixta conformadas por departamentos, municipios, los productores beneficiados y los gremios.
De conformidad con el artículo 66 de la Constitución Política de Colombia, el Gobierno tomará las medidas necesarias que garanticen una tasa efectiva de interés preferencial para las actividades vinculadas al serctor.
7.5 Sanidad agropecuaria
Se fortalecerá la capacidad técnica y operativa del ICA para cumplir las siguientes funciones: investigación y transferencia en control y prevención sanitaria, registro de obtentores; preservación y adecuado aprovechamiento de los recursos genéticos vegetales y animales y, prevención de riesgos en la introducción, producción y comercialización de organismos modificados genéticamente.
Buscando una mejor cobertura de sus actividades, el ICA podrá acreditar y delegar en personas naturales y jurídicas las siguientes acciones vinculadas al Subsistema Nacional de Protección Agropecuaria, Simpagro, las cuales ha venido ejecutando directamente: análisis de sanidad animal y vegetal; control y erradicación de plagas y enfermedades en animales y vegetales, análisis de residuos.
7.6 Reforma agraria
La reforma agraria se adelantará a través del Sistema Nacional de la Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, para tal fin el Gobierno Nacional establecerá mecanismos que permitan hacer efectiva la acción de cada uno de los subsistemas que lo componen.
La reforma agraria se promoverá mediante la utilización de un modelo integral, eficiente, transparente e innovador. Se patrocinará la negociación voluntaria y la compra de tierras, individual o colectivamente, dentro de proyectos productivos concretos, realizados de manera descentralizada y con veeduría ciudadana.
Se avanzará hacia el desarrollo integral de las zonas de reserva campesina, definidas tanto en las áreas de colonización como en las zonas de baldío en un adecuado marco de ordenamiento territorial, elaborado en coordinación con el Ministerio del Medio Ambiente.
Se buscará la vinculación del capital privado a los programas de reforma agraria, a través de aportes financieros o de tierras, por medio de programas de Alianzas Productivas para la reactivación sostenible del agro. Se impulsará la aplicación efectiva de la extinción del derecho de dominio, para tierras adquiridas con dineros obtenidos de actividades ilícitas y de aquellas tierras inexplotadas muy por debajo de su potencial.
El costo de la tierra y su arrendamiento será objeto de la política agraria para buscar su racionalización.
7.7 Plan Nacional de Desarrollo Alternativo (Plante)
Dentro del Plante se impulsarán en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural actividades de desarrollo productivo rentable que sean opciones a los cultivos ilícitos. Se adelantarán Planes Regionales de Desarrollo Alternativo, dirigidos a proyectos de infraestructura rural, investigación, desarrollo agrícola, pecuario, piscícola y forestal. También orientados a proyectos agroindustriales, agroforestales y silvopastoriles, que integrarán componentes de crédito, protección ambiental, asistencia técnica y promoción de la inversión privada.
7.8 Política de desarrollo tecnológico
Se diseñarán y ejecutarán programas dirigidos a fortalecer la investigación y transferencia de tecnología y a consolidar su institucionalidad con el fin de incrementar la productividad, eficiencia, y competitividad del sector agropecuario. Los criterios que regirán dichos programas serán el ajuste de los productos y servicios proporcionados a los requerimientos prácticos y efectivos de los productores y a las especificidades regionales, en un marco de cooperación y coordinación intersectorial e interinstitucional articulado con el Sistema Nacional de Protección y Sanidad Agropecuaria.
Corpoica orientará sus recursos hacia el área eminentemente investigativa y concretará su acción en la formulación de paquetes tecnológicos, poniéndolos a disposición de los productores y de las organizaciones que presten servicios de asistencia técnica y extensión rural.
Para financiar los programas de asistencia técnica, el Gobierno fortalecerá los mecanismos de subsidio a la demanda, de manera progresiva.
7.9 Política de insumos agropecuarios
Se le otorgará prioridad a los proyectos cofinanciados para el control integrado de plagas y la consiguiente transferencia de tecnología especialmente en cultivos de ciclo corto, para disminuir costos y mejorar la competitividad.
El Gobierno Nacional adecuará la reglamentación para permitir de manera inmediata la masiva utilización de agroquímicos genéricos, permitiendo que las licencias sanitarias y ambientales expedidas a productos comerciales se extiendan de manera automática a sus componentes genéricos. Con ello se busca la disminución de los costos de producción.
8. Medio ambiente
El objetivo general de la política ambiental es restaurar y conservar áreas prioritarias en las ecorregiones estratégicas y diseñar instrumentos y mecanismos que garanticen un equilibrio entre la oferta y la demanda de los recursos ambientales de la Nación, fomentando el desarrollo regional sostenible, en el contexto de la construcción de la paz.
Para lograrlo esta política se estructura en un proyecto colectivo ambiental, el cual se desarrolla a través de tres objetivos, que se materializan en siete programas. Los objetivos específicos son:
Conservar y restaurar áreas prioritarias en las ecorregiones estratégicas (agua, biodiversidad y bosques).
Dinamizar el desarrollo urbano y regional sostenible (calidad de vida urbana y sostenibilidad de los procesos productivos endógenos).
Contribuir a la sostenibilidad ambiental de los sectores (producción más limpia y mercados verdes).
El proyecto colectivo ambiental está estructurado con base en siete programas centrales. La interdependencia entre todos estos programas define una orientación general de política, consistente en el manejo sistémico y concertado del conjunto de acciones del proyecto colectivo ambiental.
Para el desarrollo de estos programas se establecerán los siguientes instrumentos: participación, información, coordinación y articulación del sistema nacional ambiental, gestión ambiental municipal, ordenamiento territorial y planificación, generación de conocimiento y educación, cooperación y negociación internacional, regulaciones e instrumentos económicos y financieros, e instrumentos normativos.
La política ambiental considera como su eje articulador al agua; es decir, se sitúa en el punto de confluencia entre la crisis del agua y la crisis social y económica. Por lo tanto, propicia la búsqueda de soluciones concertadas que permitan frenar el proceso de deterioro de los ecosistemas hídricos, explorar alternativas de convivencia en torno a los intereses colectivos sobre el agua, e incidir en los niveles locales, regionales y nacionales de toma de decisiones.
Para la óptima ejecución de la política ambiental, se debe mejorar el nivel de articulación y coordinación de las entidades encargadas de la gestión ambiental, a través de acciones como: el fortalecimiento de los instrumentos financieros mediante la unificación de los fondos ambientales y, en general, promover la adecuación de la institucionalidad ambiental a los recursos y responsabilidades existentes.
8.1 Programa agua
Se dirige a avanzar en el ordenamiento, manejo adecuado y recuperación de los ecosistemas continentales y marinos; en los primeros, aumentando la capacidad de regulación de agua en las cuencas hidrográficas y, en ambos, promoviendo la eficiencia en su uso, y reduciendo los niveles de contaminación y riesgos.
El agua, eje articulador de esta política ambiental, debe también orientar nuestras relaciones fronterizas, mediante el desarrollo de acuerdos binacionales para el manejo integral de las cuencas hidrográficas compartidas.
8.2 Programa biodiversidad
Este programa tiene por objeto mejorar la conservación y restauración de áreas prioritarias de ecosistemas forestales y no forestales en ecorregiones estratégicas y la protección de especies amenazadas y de distribución limitada. Busca, además, fortalecer los sistemas de conocimiento e innovación sobre los componentes y usos de la biodiversidad y optimizar sus beneficios sociales y económicos, fortaleciendo la capacidad tecnológica, de manejo y negociación por parte del Estado y de la sociedad.
Con el fin de garantizar la conservación a largo plazo de los ecosistemas naturales se hace necesario el establecimiento de nuevas áreas protegidas en regiones como la Orinoquia y la región Andina, así como el fortalecimiento de las existentes en la Amazonia y el Pacífico. Adicionalmente, se hace necesario fortalecer la capacidad para la conservación de componentes importantes (por su amenaza o uso potencial) en colecciones vivas como bancos genéticos, jardines botánicos, zoológicos y acuarios.
La conservación de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales se llevará a cabo bajo criterios de unidad en el manejo integral del sistema y lineamientos de política nacional en materia de áreas protegidas. La administración de estas áreas seguirá esquemas de coordinación, articulación intersectorial y concertación interinstitucional en el ámbito nacional, regional y local con el objeto de ejecutar una política integral de conservación de estos ecosistemas, teniendo en cuenta su importancia desde el punto de vista ecológico y social por su coincidencia con núcleos de conflictividad, marginalidad social, presencia de cultivos ilícitos, aprovechamiento ilegal de recursos naturales, exclusión étnica, conflictos de uso y ocupación, y fenómenos de violencia.
Adicionalmente, es fundamental garantizar la conservación a largo plazo de los ecosisemas naturales y el establecimiento de áreas protegidas en la región Caribe.
Se adelantará el “Plan Siembra” de la Alcaldía de Medellín cuyo objetivo general es desarrollar programas de reforestación, que contribuyen al mejoramiento de las condiciones ambientales y del entorno de la ciudad y que generen nuevas fuentes de empleo, mediante la ejecución de acciones coordinadas entre entidades públicas, privadas, organizaciones sociales y la comunidad en general.
La investigación, utilización y la distribución de los beneficios derivados de la biodiversidad, así como el uso de los recursos genéticos del país deberá tener como soporte una legislación específica y aplicable, respecto a su conocimiento, uso y conservación. A nivel puntual es indispensable garantizar a través de estos dessarrollos legislativos, la propiedad intelectual que las comunidades indígenas, negras, raizales y campesinas en general tienen sobre el uso de la biodiversidad, con especial énfasis en aspectos curativos y medicinales de plantas y animales.
Para ello en apoyo al desarrollo de la política ambiental del país, se propondrá al Congreso de la República un paquete legislativo sobre derechos de propiedad de comunidades nativas, que se articulará a los desarrollos complementarios propuestos a la Ley 29 de 1990 con provisiones sobre propiedad intelectual.
8.3 Programa bosques
Sus esfuerzos están orientados a avanzar en la conservación y restauración de áreas prioritarias en las ecorregiones estratégicas. En este contexto, busca promover e incentivar la acción conjunta del Estado y la sociedad civil en la conservación y el uso sostenible de los bosques, la reforestación, la restauración ecológica y el establecimiento de plantaciones productoras que generen beneficios económicos y sociales a la población. Busca igualmente fortalecer su incorporación a la economía nacional y al mejoramiento de la calidad de vida de la población.
Para desarrollar el objetivo específico de dinamizar el desarrollo urbano y regional, se estructuran los siguientes dos programas:
8.4 Programa sostenibilidad de los procesos productivos endógenos
Tiene por objeto impulsar y fomentar el uso sostenible de la diversidad biológica y el patrimonio cultural en los procesos de conservación, con criterio de gestión empresarial para beneficio económico y social de las regiones, como estrategia para el fortalecimiento del desarrollo endógeno regional. Igualmente, tiene por objeto apoyar y fomentar especialmente los proyectos de servicios turísticos que tengan como finalidad la promoción del conocimiento y uso sostenible de la diversidad biológica.
8.5 Programa calidad de vida urbana
Se dirige a prevenir y controlar los factores de deterioro de la calidad ambiental en las áreas urbanas de mayor dinámica poblacional y económica; adoptar modelos de desarrollo urbano sostenibles, acordes con las condiciones particulares de los asentamientos humanos, atender las necesidades ambientales colectivas y proteger y consolidar su capital natural.
8.6 Programa producción más limpia
Se dirige a promover la producción más limpia en los sectores dinamizadores de la economía y con mayor impacto ambiental, entre los cuales se destaca de manera especial la minería, y en segundo lugar, sectores como el energético, el industrial, el turístico, el agropecuario y el de construcción. Se dirige igualmente a incorporar la dimensión ambiental en el desarrollo de la infraestructura nacional y en el crecimiento de los sectores de la economía, con miras a promover su sostenibilidad.
8.7 Programa mercados verdes
Está dirigido a incentivar la producción de bienes y servicios ambientalmente sanos y a incrementar la oferta de servicios ecológicos competitivos en los mercados nacionales e internacionales, garantizando el reconocimiento de los derechos intelectuales y del país de origen respectivos.
9. Justicia
El objetivo principal de la política estará dirigida hacia la generación de acciones que faciliten el acceso a la justicia, potencien la generación de patrones de convivencia y establezcan mecanismos para la prevención, atención y control de los factores asociados con la presentación de hechos punibles y el desarrollo de violencia. Con este propósito se adelantarán programas tanto de justicia formal como de justicia no formal. En el contexto de la recesión económica, especial importancia ha de darse a los acuerdos preconcursales que permitan que se resuelvan los conflictos entre deudores y acreedores antes de iniciarse un trámite concursal.
9.1 Modernización y desarrollo de la infraestructura física
El objetivo principal del programa está dirigido a la modernización de la gestión pública a través de la inversión en infraestructura física. Por esta razón, se orientarán recursos de inversión a la construcción de las sedes de los despachos judiciales y de la administración de justicia en las cabeceras de circuito o de distrito considerados prioritarios.
9.2 Modernización y desarrollo de la infraestructura tecnológica
Los esfuerzos de este programa estarán orientados a la modernización de la gestión pública a través de la inversión en medios tecnológicos. Con este propósito se adecuarán los recursos de infraestructura y tecnología a las nuevas propuestas de organización de los despachos judiciales y de la administración de la justicia.
Entre otros objetivos específicos del programa, se encuentra el establecimiento de esquemas de organización de la gestión y la adecuación de las plantas de personal a través de modelos diseñados para el efecto.
9.3 Sistema carcelario y penitenciario
A través de este programa se busca atender de manera integral la población reclusa en el proceso de administración de la pena. Se pretende el cambio de actitud hacia el recluso teniendo en cuenta a la persona, sus condiciones, necesidades, capacidades, derechos y obligaciones, dentro de un marco humanizante y dignificante de trato al infractor de la ley, que le permita valorar en el espacio carcelario sus potencialidades.
Se buscará la atención integral a la población reclusa estimulando el desarrollo progresivo de sus valores tanto individuales como sociales, mejorándole su autoestima y permitiéndole actuar autónomamente, facilitándole la construcción de una vida personal y social de verdadera convivencia humana que asegure su bienestar y el de su familia.
Se diseñarán y ejecutarán acciones tendientes a la atención social y a la estructuración de un programa de atención en salud; a la capacitación laboral; a la reestructuración y al fortalecimiento de la empresa de economía mixta, Renacimiento, a fin de transformarla en el eje central de la selección, formación y ocupación de la mano de obra en los centros de reclusión, con miras al desarrollo progresivo de los valores y habilidades de la población reclusa, por medio del trabajo formativo y la educación.
Conforme al Plan de Construcción y Refacción Carcelaria, el cual hará parte integral del Plan Nacional de Desarrollo, se avanzará en el logro de espacios adecuados que garanticen a los reclusos condiciones de vida digna, para lo cual se tendrá en cuenta aspectos tales como: diferenciación entre condenados y sindicados; edad, sexo, peligrosidad, etc. Para tal efecto se creará el fondo de infraestructura carcelaria.
Se diseñará y coordinará con el ICBF y los gobiernos municipales, la ejecución de programas de protección y atención integral para los niños, hijos de los reclusos que al momento de la pérdida de su libertad hayan estado ejerciendo como cabezas de sus núcleos familiares.
10. Gobierno
10.1 Estrategias para la Prevención y Atención de Desastres
10.1.1 Conocimiento sobre amenazas de origen natural y antrópico
Las diferentes entidades que conforman el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, SNPAD, y las entidades técnicas y científicas integrantes del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología adelantarán investigaciones y evaluaciones de amenazas naturales, e instalarán y consolidarán redes y sistemas de detección y alerta, para informar a los comités locales y regionales y para organizar a la comunidad con base en la información suministrada. Este programa incluye los siguientes subprogramas: Instalación y consolidación de redes; procedimientos y sistemas de detección y alerta para la vigilancia y aviso oportuno para la población, y evaluación de riesgos.
10.1.2 Incorporación de la prevención y reducción de riesgos en la planificación
Los subprogramas previstos para el desarrollo de este programa son: incorporación de criterios preventivos y de seguridad en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial; inventario y manejo de asentamientos humanos y de infraestructura localizados en zonas de riesgo, y articulación de la política ambiental y de prevención de desastres.
10.1.3 Fortalecimiento del Desarrollo Institucional del Sistema para la Prevención y Atención de Desastres
Se estudiarán e implementarán medidas para fortalecer la Dirección Nacional de Prevención y Atención de Desastres para mejorar su capacidad de coordinación del SNPAD.
Se promoverán acciones de fortalecimiento institucional de las entidades y comités regionales y locales, que intervienen en el SNPAD. Este programa incluye los siguientes subprogramas: fortalecimiento de las entidades nacionales y regionales técnicas y operativas del SNPAD; fortalecimiento de los comités regionales y locales de prevención y atención de desastres; medidas de protección y contingencia en obras de infraestructura; desarrollo y actualización de planes de emergencia y contingencia; diseño de mecanismos eficientes y de tratamiento preferencial de proyectos de reconstrucción; Sistema Integrado de Información para la prevención y atención de desastres.
10.1.4 Socialización de la Prevención y Mitigación de Riesgos
Las entidades públicas y privadas, los organismos no gubernamentales y la sociedad civil comprometidos en el Plan Nacional de Prevención y Atención de Desastres, participarán activamente en la ejecución y desarrollo de los siguientes subprogramas: información pública para la prevención, mitigación y reacción adecuada de la comunidad en caso de riesgo y desastre; incorporación de los conceptos de prevención de desastres, mitigación de riesgos y protección ambiental en la educación formal y no formal; desarrollo de un sistema nacional de capacitación de funcionarios y capacitadores comunitarios y desarrollo de actividades con las organizaciones de la sociedad civil.
10.2 Programas para la desmovilización
El Programa para la desmovilización busca generar espacios propicios para la reconciliación entre los colombianos mediante la promoción de metodologías y la creación de una nueva cultura de solución pacífica de los conflictos. Incluye el apoyo necesario a los desmovilizados de las organizaciones armadas que han suscrito Acuerdos de Paz desde 1990 y a quienes de manera individual han hecho dejación de armas y se han reincorporado a la vida civil.
11. Estrategias dirigidas a zonas afectadas por el conflicto
Puesto que los programas en este campo están dirigidos a crear condiciones que le den viabilidad a la consecución de la paz y a garantizar su sostenibilidad en el largo plazo, dentro de sus objetivos se contemplan inversiones simultáneas en diferentes sectores, tanto a nivel rural como urbano, y en particular, en aquellas áreas más afectadas por las dinámicas del conflicto y la violencia. En ese sentido, no es conveniente separar o fragmentar los programas de acuerdo con sus acciones en diferentes áreas, pues su efecto, en términos de la generación de condiciones para reducir la violencia, dependerá en gran medida, de su capacidad para integrar aspectos de la política social como, por ejemplo, la atención humanitaria de emergencia o la construcción y fortalecimiento del capital humano y social, con inversiones dirigidas a promover el desarrollo de actividades económicas o productivas tales como infraestructura o fortalecimiento de la organización empresarial, entre otros.
11.1 Plan Colombia
11.1.1 Proyectos productivos participativos (rural)
Para facilitar el desarrollo de actividades económicas que proporcionen a la población alternativas para mejorar el nivel de ingreso y su calidad de vida, se busca fortalecer la organización empresarial comunitaria e incrementar la productividad y competitividad para poder competir en los mercados nacional e internacional. Lo anterior incluye capacitación productiva, agropecuaria, agroturística, agroindustrial y administrativa, de acuerdo con las necesidades particulares de cada región y producto.
11.1.2 Atención humanitaria y promoción y protección del capital humano
Se busca reconocer y atender a la población víctima de la violencia y fomentar el desarrollo del potencial de los ciudadanos, como individuos y como comunidad, que les permita ser productivos económica y socialmente. Involucra, de una parte, acciones de atención humanitaria a víctimas de la violencia para mitigar las pérdidas causadas por ésta, asistencia alimentaria, refugio, salud y saneamiento básico; y de otra, la atención a la población desplazada en temas como: cuantificación y cualificación de la población, atención de emergencias, prevención, retorno y reubicación.
11.1.3 Desarrollo institucional y fortalecimiento del capital social
Busca alterar los patrones de comportamiento a través de los cuales se desarrolla y reproduce la violencia, fortaleciendo la acción de organizaciones locales en temas de paz, resolución de conflictos y violencia intrafamiliar, entre otros. Apoyará el fortalecimiento de ONG locales, nacionales o internacionales que involucran a la comunidad de manera directa en el tratamiento de los efectos de la violencia en niños, jóvenes y discapacitados, y en los comportamientos aprendidos en relación con la resolución violenta de los conflictos.
11.1.4 Infraestructura para la Paz
Promoverá el desarrollo de proyectos de infraestructura que permitan comunicar y viabilizar económica y socialmente las actividades productivas, mejorar la calidad de vida de la población y desarticular de los factores socioeconómicos que refuerzan la violencia. Identificará las necesidades de construcción, rehabilitación y mantenimiento de proyectos de redes secundarias y terciarias, vías fluviales, electrificación rural, e infraestructura social en zonas críticas de violencia, que además son indispensables para asegurar el éxito de los proyectos productivos participativos.
Para el desarrollo de este subprograma, fue creado mediante Ley 487 de diciembre de 1998 el “Fondo de Inversión para la Paz” como principal instrumento de financiación, a través de recursos públicos, contribuciones privadas, créditos externos y donaciones de organizaciones y gobiernos amigos, para programas y proyectos estructurados que promuevan aspectos tales como el desarrollo del sector agropecuario y la preservación del medio ambiente, proyectos productivos de reforma agraria, planes de desarrollo para las zonas de reserva campesina, el fortalecimiento de la sociedad civil en las zonas más afectadas por el conflicto armado y la violencia, el desarrollo de la infraestructura en estas mismas zonas, la reinstitucionalización de la justicia y la recuperación de la seguridad, así como una agenda política de negociación con los grupos armados.
11.1.5 Promoción de la sostenibilidad ambiental
Busca generar beneficios sociales en las comunidades de zonas afectadas por el conflicto, de forma que por medio de la provisión de bienes y servicios ambientales, se pueda dinamizar el desarrollo regional, con énfasis en la generación de empleo y mayores niveles de ingreso. En este sentido, se contemplan acciones del programa de sostenibilidad de procesos productivos endógenos de la política ambiental del Plan, el desarrollo de proyectos de aprovechamiento sostenibles de los bosques, reforestación mediante plantaciones productoras-protectoras, proyectos silviculturales y la promoción del ecoturismo, especialmente en las áreas protegidas del nivel nacional, regional o municipal. El propósito es que todos estos proyectos involucren a la población de las áreas ambientalmente estratégicas, áreas protegidas y zonas de amortiguación. Igualmente, se busca generar beneficios en otras zonas que por su potencial turístico natural y cultural, permiten la obtención de este tipo de bienes y servicios.
11.2 Políticas de paz y convivencia ciudadana
11.2.1 Programa de convivencia y seguridad ciudadana
Desarrolla estrategias de lucha contra la violencia en zonas urbanas, bajo una doble orientación: por una parte, políticas de control de la criminalidad y las expresiones violentas y por otra parte, políticas con mayor énfasis en la prevención de la violencia y en el desarrollo de códigos de convivencia y mecanismos alternativos de resolución de conflictos en las ciudades, entre otros.
12. Defensa y seguridad
El objetivo central del sector defensa y seguridad del país es contribuir a la consolidación de un entorno de seguridad y confianza ciudadana como base para una paz justa y duradera, que sea el cimiento del desarrollo social y económico.
Con ello se pretende fortalecer al estamento militar y de policía, con el fin de reafirmar el pleno ejercicio de la autoridad y el imperio de la ley y afianzar la legitimidad del Estado. Así mismo, se busca consolidar un sistema de convivencia ciudadana y seguridad pública, de manera tal que se pueda actuar sobre el crimen en forma eficaz.
Para alcanzar este objetivo central, se trabajará en los siguientes objetivos específicos:
Incrementar los niveles de efectividad de las operaciones de la fuerza pública.
Neutralizar y desestabilizar la capacidad de los grupos e individuos al margen de la ley.
Mantener una capacidad disuasiva, real y creible, frente a amenazas externas.
Disminuir los índices de delincuencia.
Estos objetivos se pretenden alcanzar con una organización altamente capacitada para conducir con eficacia y eficiencia las operaciones. En este sentido, la movilidad y el apoyo táctico se consideran de vital importancia, en la medida que se incrementa la capacidad de combate de las fuerzas, dotándolas de los equipos y medios necesarios, como es el caso de la adquisición de helicópteros artillados.
Así mismo, con el fin de aumentar los niveles de alistamiento, se garantizará un apoyo logístico y de mantenimiento técnico a los materiales y equipos con que actualmente cuenta el sector.
Adicionalmente, se fortalecerán las capacidades de inteligencia y telemática, ampliando la cobertura, integración y oportunidad de la información. Todo ello debe tener como complemento una Fuerza Pública capacitada y empleada eficientemente, toda vez que la calidad del recurso humano constituye un punto fundamental sobre cualquier operación orientada hacia la protección de los intereses del Estado, especialmente en materia de protección y respeto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
Finalmente, se pretende mejorar los índices de seguridad pública, mediante la profesio-nalización y tecnificación de las intervenciones policiales, la prevención del delito y la reducción de la criminalidad.
Como objetivo fundamental para el fortalecimiento de la seguridad nacional, se prevé la destinación de recursos de inversión para el desarrollo y consolidación de las labores de inteligencia adelantadas por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
Dichas labores se orientarán a la producción de información que facilite la toma de decisiones en materia de seguridad estatal y en la realización de investigaciones especializadas de aquellos fenómenos que afecten los intereses nacionales.
Los objetivos planteados serán desarrollados a través de la modernización de la infraestructura tecnológica, específicamente en materia de procesamiento de datos y comunicaciones, así como con el robustecimiento de los mecanismos de cooperación interinstitucionales nacionales e internacionales.
De los recursos asignados al sector defensa se destinará el 16.5% para la Policía Nacional, entidad que dará prioridad a los programas operativos, particularmente a la construcción de cuarteles y estaciones de Policía y a la adquisición de equipo operacional.
13. Grupos étnicos
13.1 Grupos étnicos-pueblos indígenas
La política para los pueblos indígenas estará orientada hacia la defensa, apoyo, fortalecimiento y consolidación de los derechos étnicos y culturales, consagrados en las normas constitucionales y legales. Dicha política desarrollará los siguientes objetivos:
13.1.1 Materia agraria
Se promoverá el proceso de dotación de tierras mediante la constitución de resguardos, así como su saneamiento y ampliación, en los casos en que se considere necesario, para el desarrollo de los pueblos indígenas.
Se deberá asegurar la participación de los indígenas en los programas de reforma agraria. Previamente debe elaborarse por el Gobierno Nacional un inventario claro y preciso de las tierras que pertenecen a los pueblos indígenas, asegurándoles la propiedad y la posesión sobre las mismas.
13.1.2 Salud
Se fortalecerá y consolidará las aseguradoras indígenas del régimen subsidiado de salud, buscando el incremento sustancial en la afiliación de los indígenas y la adecuación de los servicios a la cosmovisión y las prácticas culturales de las comunidades. De igual forma, se establecerán mecanismos para diseñar conjuntamente entre comunidades y organizaciones indígenas y entre éstas y el Gobierno Nacional un régimen que garantice la efectividad de los servicios en esta materia.
13.1.3 Educación
Se desarrollarán programas de etnoeducación, con especial énfasis en la educación bilingüe y multicultural, en la educación primaria y la ampliación de la cobertura de la educación secundaria por medio de metodologías innovadoras de pertinencia para grupos de población dispersa. Así mismo, se estudiarán mecanismos para modificar el Decreto 804 de 1995 sobre etnoeducación. Se buscará que las instituciones de educación superior brinden facilidades financieras a los estudiantes indígenas, bajo la coordinación de los Ministerios de Educación y del Interior.
13.1.4 Desarrollo institucional
Se desarrollarán acciones encaminadas a destinar recursos para atender prioritariamente el apoyo a la conformación de los territorios indígenas como entidades territoriales, proceso de capacitación en gestión político-administrativa de los resguardos y nuevos entes territoriales; formulación de planes de desarrollo o planes de vida y procesos de capacitación para la generación de propuestas legislativas en materia de salud y minas, en cabeza del Ministerio del Interior. De igual manera, se asesorará y apoyará programas en gestión pública, con énfasis en la administración de los recursos de transferencias.
13.1.5 Grupos de población vulnerable
De igual forma, se buscará elaborar y actualizar la información cartográfica y estadística de los territorios indígenas, mediante una base de datos que facilite el proceso de asesoría autogestionaria y jurídica. Se buscará consolidar mecanismos para la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas, de atención a la población desplazada y de desarrollo de estrategias para una rápida reinserción en sus territorios y atenderá eficazmente la situación de vulnerabilidad en aquellos casos en que existan pueblos indígenas con precarias condiciones de vida, desintegración cultural, falta de territorios para su subsistencia física y cultural.
13.1.6 Derechos Humanos
Se impulsará y fortalecerá la Comisión de Derechos Humanos buscando acuerdos acerca de las medidas legislativas y administrativas que puedan afectar a los pueblos indígenas.
13.1.7 Relaciones Estado-Pueblos indígenas
Se adecuará y mejorará los canales de coordinación en la implementación de la política indígena entre los distintos niveles de gobierno, así como entre las instituciones sectoriales, procurando en todo caso una cabal atención al convenio de La María-Piendamó, suscrito entre el Gobierno y las autoridades indígenas para el cual se asignarán dieciséis mil millones de pesos ($16.000.000.000) moneda corriente.
13.1.8 Jurisdicción especial indígena
Se buscará ampliar la cobertura en los instrumentos de justicia en territorios indígenas, mediante la promoción de las formas tradicionales de resolución de conflictos y el desarrollo de la jurisdicción especial indígena. Diseñará y aplicará los mecanismos necesarios para la intermediación en la resolución de conflictos generados en los territorios indígenas, en coordinación con el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Consejo Superior de la Judicatura.
13.1.9 Prevención y atención de desastres
Se promoverá el desarrollo de un esquema interinstitucional que permita la coordinación necesaria con el Ministerio del Medio Ambiente en la definición y utilización de mecanismos de verificación de impacto ambiental que pueda afectar a las comunidades indígenas, garantizando su participación en estos procesos.
13.1.10 Políticas internacionales y de fronteras
Se establecerán políticas internacionales y de fronteras relacionadas con los pueblos indígenas, a través del desarrollo de foros, encuentros y reuniones que permitan generar acuerdos internacionales de desarrollo, cooperación, superación de conflictos, conservación de la biodiversidad y la defensa y promoción de los derechos de los pueblos indígenas.
13.2 Grupos étnicos-Pueblos Rom
El Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio del Interior, velará por la integración de estas comunidades a sus propósitos de lucha contra la pobreza y mejoramiento de su calidad de vida, respetando sus particularidades culturales y concertando con este grupo las acciones para la atención de sus principales problemas.
13.3 Grupos étnicos -Afrocolombianos y raizales-
Orientará sus esfuerzos a los siguientes subprogramas: saneamiento básico, salud, educación, actividades productivas y desarrollo institucional, titulación y adquisición de tierras.
Inclúyase a los grupos afrocolombianos y raizales en igualdad de condiciones al acceso de los diferentes sectores económicos, sociales y culturales.
13.3.1 Saneamiento básico
Se apoyarán las obras de infraestructura incluyéndose acciones concretas de desarrollo institucional, promoción de la participación comunitaria y la sostenibilidad técnica y financiera de los sistemas. Las acciones específicas estarán dirigidas a impulsar, a través del Ministerio de Desarrollo, el programa de la cultura del agua; promover la aplicación de tecnologías apropiadas para el desarrollo de sistemas de abastecimiento de aguas, disposición final de aguas servidas y residuos sólidos; fortalecer a los entes locales de operación autorizados por la ley.
13.3.2 Salud
Además de lo señalado en la estrategia sectorial del Plan, se apoyará la descentralización del servicio en los municipios, así como la provisión de asistencia técnica; se fortalecerán los mecanismos que garanticen el acceso a la atención básica y acciones de promoción y prevención de la población rural y urbano-marginal, considerando las particularidades etnoculturales, sociales, ambientales y económicas. De manera particular se impulsará la implementación de los planes territoriales de salud de los territorios colectivos.
13.3.3 Educación
Se apoyará técnicamente la formulación y puesta en marcha del proyecto de etnoeducación afrocolombiana en el sistema educativo nacional, impulsando proyectos de diseño curricular, de cualificación y/o profesionalización de maestros y de agentes educativos comunitarios, de producción de material educativo, así como de investigaciones socioculturales, lingüísticas, etno-históricas, entre otras.
13.3.4 Actividades productivas
Se adoptará un enfoque integral, que contemple el conocimiento de especies promisorias, así como la producción, transformación y comercialización de los productos. Las acciones de esta estrategia estarán orientadas para los siguientes propósitos: elaborar mapas productivos, apoyar proyectos para la autosubsistencia, generar planes de manejo para el aprovechamiento sostenible del bosque, elaborar proyectos productivos sostenibles, promover la creación, organización y fortalecimiento de las organizaciones de productores, microempresarios y empresarios afrocolombianos.
13.3.5 Desarrollo institucional
El objetivo es el incremento de la capacidad de gestión de las comunidades, de las organizaciones de la sociedad civil y de las autoridades municipales y afrocolombianas.
Para llevar a cabo estos propósitos se adelantarán las siguientes acciones: fortalecimiento de los procesos organizativos y de participación de la población afrocolombiana; reglamentación e implementación de la Ley 70 de 1993; diseño y aplicación de un sistema de información estadística y sociodemográfica para la población afrocolombiana; promoción de los modelos de gestión local exitosos y consolidación de las asociaciones de municipios.
13.3.6 Titulación de territorios colectivos y adquisición y dotación de tierras
Se continuará con el proceso de titulación colectiva para las comunidades indígenas y negras, y se apoyará la puesta en marcha de programas de desarrollo en los territorios titulados. Igualmente, se adoptará y pondrá en marcha un programa especial de adquisición y dotación de tierras para apoyar a las comunidades afrocolombianas que no poseen tierras, o las poseen en manera insuficiente, en aquellas áreas del país donde no es posible la titulación colectiva.
13.3.7 Raizales
Se impulsarán programas de protección al archipiélago de San Andrés y Providencia como área estratégica de desarrollo turístico del país. Así mismo, la población raizal del archipiélago, dadas sus características geográficas, sociales, culturales y económicas y la problemática actual (insularidad, sobrepoblación, marginalidad y pobreza creciente), recibirá apoyo con el propósito de buscar alternativas de solución. Para ello se revisará el régimen político administrativo de la Isla y se promoverá la puesta en práctica de los mecanismos para la participación de todos los actores sociales en los procesos de planificación y gestión del desarrollo.
14. Infraestructura
14.1 Transporte
14.1.1 Carreteras
14.1.1.1 Red primaria (troncales y transversales)
Las inversiones en la Red Primaria se orientarán a la terminación de proyectos que están actualmente en ejecución. Así mismo, se orientarán a garantizar su buen estado a través de programas adecuados de mantenimiento en los 16 mil kilómetros que la conforman. Dichos programas se complementarán con actividades de rehabilitación en 457 Km de la misma.
La expansión de la red se logrará mediante el Programa de Concesiones, a través de la inversión privada. Con esta inversión se construirán 791 Km y se rehabilitarán 750 Km. Adicionalmente, se mantendrán las vías entregadas en concesión, que para el año 2002 se estima corresponderán a cerca de 3.815 Km. Los principales proyectos se financiarán a través de recursos nacionales y provenientes de contribuciones de valorización, peajes, sobretasas a los combustibles y recursos de créditos.
Para facilitar las expansiones viales se deberán afectar y reservar los predios necesarios para adelantar su construcción.
El Gobierno Nacional asignará en los rubros correspondientes al transporte en la presente ley recursos destinados al Fondo para la reposición del parque automotor para atender en lo relacionado con la parte social del transporte, la situación de emergencia que afrontan los pequeños transportadores obligados por la Ley 105 de 1993 y sus decretos reglamentarios a destruir físicamente sus vehículos.
14.1.1.2 Red secundaria y terciaria
Los dos principales objetivos son los siguientes: rehabilitar y mantener la red secundaria y terciaria que aún esté a cargo de la Nación.
La financiación de las inversiones en estos dos programas se podrá complementar con recursos del Fondo Nacional de Regalías y eventualmente con recursos provenientes de concesiones viales regionales. Para la identificación de oportunidades en estos últimos se adelantará un estudio financiado con recursos del presupuesto nacional.
Estos programas se complementarán con los recursos del Fondo Nacional de Regalías y sobretasa nacional del ACPM.
El Gobierno Nacional apoyará los proyectos de vías que impulsen el desarrollo de los municipios y departamentos de la costa en especial el proyecto de mejoramiento y construcción de la carretera Santa Rosa de Lima – soplaviento (incluye construcción del puente sobre el Canal del Dique, entre los municipios de San Estanislao de Koska – Soplaviento).
Esta obra beneficia y desarrolla los siguientes municipios:
1. Santa Rosa de Lima.
2. Villanueva.
3. San Estanislao de Koska.
4. Soplaviento.
5. San Cristóbal.
6. Calamar.
7. Arroyo Hondo.
14.1.2 Sector aeronáutico y aeroportuario
Los recursos de la Nación se destinarán a aumentar la seguridad del espacio aéreo y a mantener la infraestructura existente. Estos montos se complementarán con un programa de apoyo al proceso de descentralización y privatización aeroportuaria. Dicho programa se adelantará mediante la entrega en concesión de los principales aeropuertos del país.
14.1.3 Programa ferroviario
En el sector férreo, se invertirán recursos provenientes de aportes de la Nación orientados a cubrir el desarrollo del subprograma de rehabilitación de la red férrea nacional a través del sistema de concesiones. Dichos aportes complementarán los recursos provenientes del sector privado, los cuales se invertirán tanto en la red férrea del Pacífico como en la red férrea del Atlántico.
El programa comprende el mantenimiento de 240 Km a través del sector público. Con los recursos privados se apoyará el programa de rehabilitación de 1.237 Km y se mantendrá la red entregada en concesión, que en el 2002 ascenderá a 1.890 Km.
14.1.4 Programa fluvial
Mediante el Plan de Inversiones del sector fluvial se pretende para las cuencas del Magdalena, Orinoco, Amazonas, Atrato y la Cuenca del Pacífico con su red de transporte por ríos y esteros.
Mejorar y mantener la infraestructura de servicios en la red fluvial, monitoreo de los ríos, rehabilitación de los canales de navegación, limpieza y destronque, obras de defensa contra la erosión, señalización y balizaje. Se pretende realizar la rehabilitación de la Ciénaga de la Virgen y diseñar políticas de concesión del río Meta, el cual incluirá la construcción de un puerto en la Banqueta y obras de canalización para garantizar su navegabilidad, estableciendo posteriormente el sistema de peajes. Así mismo, se propenderá la iniciación del programa de concesión del sistema de navegabilidad del río Magdalena y sus puertos fluviales.
El Gobierno Nacional le dará especial importancia al transporte fluvial dentro del programa de expansión vial. Para ello, apropiará los recursos necesarios dentro del Presupuesto Nacional y el Fondo de Inversiones para la Paz (Plan Colombia).
Se considera fundamental la participación de Colombia en el proyecto de la Integración Fluvial de Suramérica (IFSA) tanto por las implicaciones de este proyecto en lo que respecta a la infraestructura del transporte indispensable para la integración comercial del Grupo Andino con el Mercosur, como por los enormes potenciales de desarrollo agrícola, pecuario y forestal de la Amazonia y Orinoquia colombiana lo que, a su vez, abre enormes perspectivas de progreso y de paz para esas regiones, habiéndose detectado ofertas de inversión extranjera como apoyo a los limitados recursos del Gobierno Nacional.
14.1.5 Programa marítimo
En los puertos marítimos se desarrollará el programa de concesión de los canales de acceso. Se pretende concesionar la profundización, mantenimiento, operación y construcción de obras complementarias a los canales de acceso, inicialmente en los puertos de Barranquilla y Buenaventura. Adicionalmente, con los recursos del Gobierno Nacional, se mantendrán los canales de acceso a los puertos no concesionados.
14.2 Minas y energía
14.2.1 Electricidad
Las acciones del Gobierno Nacional en el sector eléctrico están orientadas a consolidar el marco regulatorio existente, fomentar la participación de nuevos agentes en el mercado, incrementar la cobertura de energía en zonas rurales -con énfasis en los nuevos departamentos- y solucionar los problemas de administración de las empresas estatales que amenacen la integralidad física del sistema.
14.2.1.1 Generación eléctrica
Con el fin de incrementar la confiabilidad y solidez del sistema, se espera aumentar la capacidad instalada, a través de recursos hídricos y térmicos a un total de 14.389 MW en el año 2000.
Además de los proyectos previstos para entrar en operación en el 2002, se considerará la realización de otros proyectos que entrarán a reforzar la generación futura del país, dando preferencia al desarrollo de aquellos proyectos hidroeléctricos, térmicos y geotérmicos que sean de mínima afectación ambiental, viables financieramente, económicamente competitivos y que por su localización se conviertan en polo de desarrollo de las regiones más deprimidas. En especial, se dará preferencia a aquellos proyectos que permitan viabilizar los propósitos de desarrollo regional y nacional previstos en el Programa de Bosques del Plan Nacional de Desarrollo.
14.2.1.2 Transmisión eléctrica
Con el objetivo que el sector de la transmisión opere bajo condiciones de competencia, y se aseguren las obras de transmisión de forma tal que se garantice calidad, continuidad y seguridad, minimizando el sobrecosto operativo por las restricciones y pérdidas por el sistema, se iniciarán convocatorias públicas para el diseño, operación y construcción de las mismas. Para el año 2002 se tendrán 1.931 Km de líneas de transmisión adicionales.
14.2.1.3 Uso racional y eficiente de la energía
El objetivo de las políticas gubernamentales en materia de uso racional y eficiente de la energía está encaminado a lograr la eficiencia en el consumo energético en el país, sustituir las fuentes de energía eléctrica no adecuadas al uso final y optimizar la conversión de energéticos, para lo cual se fortalecerá el programa de sustitución de gasolina por gas combustible en transporte vehicular, se crearán las facilidades financieras, tecnológicas y regulatorias para aprovechar el potencial de cogeneración y se desarrollarán metodologías de ahorro en los subsectores más representativos de la industria.
14.2.1.4 Zonas No Interconectadas, ZNI
Corresponden a aquellas áreas del país que no reciben servicio de energía eléctrica a través del Sistema Interconectado Nacional (SIN). Se establecerá un Plan de Energización en las ZNI, acorde con las necesidades y potencial energético de las regiones y se incrementará la cobertura en zonas rurales y aisladas. Finalmente se implementará y consolidará un esquema apropiado que aporte soluciones energéticas integrales y en lo posible autosostenibles para las ZNI.
14.2.1.5 Subsidios
Se extiende el período de desmonte de los subsidios superiores a los autorizados por la Ley 142 de 1994 (extralegales), para el servicio público de energía y se instrumentarán operativa y financieramente los fondos de solidaridad y redistribución de ingresos para energía y gas, lo cual permitirá incrementar la cobertura de los servicios y mejorar la calidad de vida de los habitantes.
14.2.2 Petróleo
14.2.2.1 Exploración de hidrocarburos
Se incrementará el número de pozos de forma directa o en asocio con terceros; se buscará el aumento de las reservas, con el objeto de mantener la producción actual, y evitar un posible desabastecimiento de crudo en el futuro.
Se impulsarán mecanismos que permitan mejorar las condiciones de competitividad del sector, tales como la flexibilización del régimen de regalías.
14.2.2.2 Producción de petróleo
Para mantener la producción actual de crudo en 800 KBPDC se deberá destinar gran parte de las inversiones de Ecopetrol en la perforación de pozos de desarrollo.
14.2.2.3 Transporte de crudo
La inversión de Ecopetrol se concentrará principalmente en el incremento de la capacidad de los poliductos actuales. Le siguen en importancia la construcción de ductos para nuevos hallazgos, así como la adecuación de estaciones y líneas que así lo requieran. Adicionalmente, se desarrollarán proyectos de control de pérdidas, almacenamiento y seguridad.
14.2.2.4 Gas
14.2.2.4.1 Transporte de gas
Se concentrará en la ampliación de la capacidad de transporte de la red troncal de gas, principalmente en el gasoducto Ballena-Barrancabermeja, con lo cual se cumple con las necesidades del mercado. Adicionalmente, se ejecutarán programas de adecuación y mantenimiento de los gasoductos existentes.
14.2.2.4.2 Almacenamiento subterráneo
Con el objeto de reducir la vulnerabilidad del sistema troncal de transporte de gas se desarrollará este proyecto, que permitirá incrementar la confiabilidad de suministro a todos los agentes del sector.
14.2.2.4.3 Refinación
Se llevará a cabo inversiones en las refinerías de Ecopetrol con el fin de mitigar su impacto ambiental e incrementar su productividad.
14.2.3 Minería
14.2.3.1 Exploración básica en minería
Las actividades de prospección y exploración básica desarrolladas por Ingeominas incrementarán el nivel de cobertura del conocimiento geocientífico del territorio nacional. Esto con el propósito de dimensionar los riesgos geológicos, de tal forma que se incentive la inversión privada en las actividades de exploración y explotación minera.
El Gobierno buscará canalizar los recursos de regalías para el fomento de la minería, a través de Ingeominas y la Empresa Nacional Minera Ltda.
14.2.3.2 Explotación de minerales
Se incrementará la explotación de minerales; en particular, el Complejo Cerrejón Zona Norte adelantará inversiones en la adecuación de nuevas áreas de minería, así como inversiones dirigidas a desarrollar la infraestructura de transporte que permita el adecuado acceso a nuevas áreas mineras, infraestructura de energía y el programa de reposición de equipos. A partir del año 2000 se espera que las inversiones sean en su totalidad asumidas por el sector privado, con la enajenación de los intereses de la Nación en el Complejo Cerrejón Zona Norte.
14.2.3.3 Promoción y administración
Con el fin de fortalecer técnicamente los agentes productores mineros, se estructurará una matriz de capacitación técnica en las actividades de exploración y explotación de la minería informal, mediante programas ambientales, operativos y empresariales. Esta matriz estará en cabeza de la Empresa Nacional Minera Ltda., y contribuirá a resolver las limitaciones en la comercialización y transformación de los minerales, factores críticos para lograr la competitividad del sector y permitir el desarrollo económico y social de las regiones más deprimidas.
14.2.3.4 Promoción de proyectos de carbón coquizable
Con el fin de aprovechar el potencial de carbón coquizable del país, el Gobierno Nacional propenderá por el desarrollo de proyectos de iniciativa privada, preferiblemente en zonas portuarias, para la producción de coque metalúrgico, encaminados a la exportación del material o para uso siderúrgico.
15. Comunicaciones
15.1 Telecomunicaciones
Las acciones gubernamentales contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo para que el sector de telecomunicaciones contribuya al aumento de la productividad y la competitividad y al mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos son las siguientes:
1. Lograr la cobertura nacional de los servicios de telecomunicaciones.
2. Fortalecer el marco regulatorio e institucional del sector.
3. Consolidar la liberalización del mercado.
4. Fomentar la participación de nuevos agentes en la prestación de los servicios y
5. Propiciar el desarrollo de la Infraestructura colombiana de la información.
15.2 Telefonía local
En telefonía local, las acciones del Plan estarán dirigidas a aumentar el cubrimiento y la calidad del servicio telefónico. Los operadores telefónicos públicos, privados y mixtos realizarán inversiones en expansión y reposición de sus redes de conmutación y transmisión, así como de su planta externa.
15.3 Telefonía de larga distancia
Los nuevos operadores del servicio de telefonía de larga distancia realizarán inversiones orientadas a financiar la construcción y expansión de las nuevas redes de larga distancia. Esto, mediante el tendido de modernos sistemas de fibra óptica, microondas y radioenlaces, para ofrecer sus servicios en buena parte del territorio nacional. La Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom, realizará inversiones tendientes a modernizar sus redes troncales y alternas y a participar en el sistema de cable submarino Maya I.
15.4 Telefonía móvil celular y PCS
Con la adjudicación de las concesiones de los Sistemas de Comunicaciones Personales, PCS, se pretende atraer importantes inversiones en nuevos servicios inalámbricos móviles y en las redes de telefonía móvil celular. Estas inversiones estarán dirigidas a la instalación y puesta en funcionamiento de redes para la prestación de servicios de telecomunicaciones en la banda de 1.8 a 2.0 Ghz. Se incentivará de esta manera la competencia en la prestación de servicios inalámbricos móviles y fijos de telecomunicaciones.
15.5 Telefonía social
Mediante la ejecución del Plan de Telefonía Social y del Plan Nacional de Servicio Universal, el Fondo de Comunicaciones financiará inversiones con el objeto de garantizar que la totalidad de los municipios del país y que las localidades con necesidades de desarrollo más apremiantes, cuenten con acceso a servicios de telecomunicaciones comunitarios y rurales. Adicionalmente, se espera que durante el cuatrienio se generen incentivos a la participación de nuevos agentes en la provisión del servicio universal en el país.
15.6 Valor agregado
En la prestación de los servicios de valor agregado se espera un dinámico crecimiento en la oferta de servicios telemáticos y de valor agregado ofrecidos en la actualidad a los sectores productivos, que le permitirá a la economía nacional incrementar sus niveles de competitividad en los mercados internacionales.
15.7 Televisión
Las acciones del sector público en televisión comprenden el Plan de Fortalecimiento Técnico para Inravisión y los canales regionales. Las prioridades de este plan se enfocarán al mejoramiento y expansión del cubrimiento de los canales públicos de televisión, mediante el uso de segmentos satelitales de televisión y a la reposición de los sistemas de emisión, producción, transmisión y difusión. También se buscará el fortalecimiento de la televisión educativa y cultural pública. La inversión privada por su parte se orientará al mejoramiento del cubrimiento y capacidades técnicas de los canales privados de televisión de cobertura nacional y local y al montaje de las redes de los nuevos concesionarios de televisión por suscripción zonal y local.
15.8 Otros servicios
Para el servicio de correo, el sector público realizará inversiones en el período 1999-2002, para ampliar su oferta y mejorar su eficiencia operativa. Adicionalmente, se propenderá por la asignación de recursos de inversión para el programa de investigación y desarrollo de Telecom. El Gobierno Nacional también promoverá el uso masivo de Internet a través del desarrollo de una infraestructura de telecomunicaciones e informática que permita una adecuada cobertura de Internet en el país. Promoverá así mismo el fortalecimiento de las redes universitarias y de investigación, buscando el mejoramiento de las conexiones existentes con los demás centros académicos y de investigación en el mundo.
16. Comercio exterior
El diseño de la política de comercio exterior favorecerá la adaptación del sector empresarial colombiano a los retos y oportunidades que se derivan de los nuevos esquemas de organización industrial y del mayor grado de competitividad que se debe alcanzar en el contexto internacional.
En desarrollo del artículo 337 de la Constitución Nacional, facúltese al Gobierno Nacional para crear zonas especiales económicas de exportación en cuatro municipios de frontera ubicados cada uno de ellos en una región diferente del país, cuyas actividades económicas tendrán como finalidad única atraer inversiones y fortalecer el proceso de exportación nacional mediante la creación de condiciones especiales que favorezcan la concurrencia de capital privado. El Gobierno tendrá seis meses para reglamentar estas zonas.
16.1 Industria y comercio
Para lograr competir con éxito tanto en el mercado internacional como en el mercado local, se buscará el fortalecimiento de la oferta productiva exportable, lo que permitirá consolidar patrones de internacionalización sostenibles a mediano y largo plazo.
16.1.1 Apoyo al desarrollo empresarial
16.1.1.1 Fondo Nacional de Productividad y Competitividad
La base de la política industrial será el fortalecimiento del aparato productivo para diversificar y consolidar la oferta exportable colombiana en los mercados internacionales, mediante la implementación de un único ente coordinador, financiero y de gestión, conformado por las entidades que apoyan y apalancan el desarrollo empresarial, a través de la creación del Fondo Nacional de Productividad y Competitividad.
Se asegura así, la coherencia en la complementariedad entre las acciones del Sistema Nacional de Innovación, el Sistema de Servicios a las Exportaciones, el Sistema Nacional de Crédito a las pequeñas y medianas empresas -Pymes-, y las acciones contempladas en la política de desarrollo exportador, industrial y tecnológico.
Bajo este esquema de intervención tendiente a elevar la competitividad empresarial, se pondrá en marcha un nuevo modelo de atención y asistencia técnica a las empresas que aseguren una mayor fluidez interinstitucional y promueva modalidades y ritmos de intervención, integrales y transversales. Para efectos de robustecer la competitividad de productos exportables, el Fondo promoverá proyectos que generen cambios fundamentales en la organización de la producción, mediante la introducción creciente de procesos de innovación, elevación de la calidad del producto y el mejoramiento de las técnicas modernas de gestión de la producción y de la comercialización. Se orientará el apoyo a la producción industrial a través de la promoción de actividades que estimulen la calidad, innovación, renovación y diversificación de los productos, la incorporación de tecnologías de diseño a la industria y, en general, la consolidación de la oferta de servicios de asistencia técnica y financiamiento. Serán de especial interés los proyectos que promuevan y consoliden la actividad exportadora en las zonas fronterizas del país, para lo cual se diseñará una línea de atención, teniendo en cuenta las características de las respectivas zonas.
Así mismo, el Fondo incluirá recursos de inversión y riesgo en empresas viables y que hayan demostrado en los últimos cinco (5) años capacidades para generar empleo y para ser productivas y competitivas en los mercados domésticos o de exportación.
En desarrollo de esta estrategia, el Gobierno Nacional podrá asignar a Bancoldex o Fiducoldex, de manera directa y sin previa licitación, la administración de los patrimonios autónomos que se creen en desarrollo del Fondo Nacional de Productividad y Competitividad.
16.1.1.2 Fomento a la innovación
Se apoyará el desarrollo científico y la innovación tecnológica, a través de la consolidación de los programas, proyectos y actividades de las instituciones y estrategias creadas a partir de la conformación del sistema nacional de ciencia y tecnología.
El propósito será orientar los recursos disponibles a la financiación de actividades científicas en sectores estratégicos. Esto, teniendo siempre en cuenta las necesidades de competitividad de la sociedad, los requerimientos del sector exportador que necesiten apoyo a la innovación y gestión competitiva junto con la capacitación del recurso humano en aspectos técnicos y tecnológicos.
En desarrollo de una política de estado de ciencia y tecnología se reglamentará y desarrollará la Ley 29 de 1990 con los siguientes aspectos principalmente:
1. Para establecer los instrumentos y mecanismos para que, en un plazo no mayor de dos años, se formule un plan de ciencia y tecnología de mediano y largo plazo, concertado con la comunidad científica y el sector productivo.
2. Se diseñará un mecanismo de coordinación presupuestal para ciencia y tecnología. Los artículos 4o. y 7o. se reglamentarán con el fin de garantizar que en el término de un año, dicho mecanismo se encuentre en funcionamiento.
3. Se pondrá en operación la diplomacia científica y tecnológica, con base en lo establecido en el artículo 9o. de la Ley 29 de 1990.
4. Se presentará al Congreso una ley complementaria de la Ley 29 de 1990, que establezca incentivos, excepciones, descuentos tributarios y demás ventajas tributarias para fomentar la ciencia y la tecnología.
5. Se reglamentarán los artículos 5o. y 10 de la Ley 29 de 1990, con el fin de ejecutar lo establecido.
16.1.1.3 Apoyo a la promoción de la competencia, propiedad industrial y mejoramiento de la calidad.
Este programa buscará que la Superintendencia de Industria y Comercio y las demás entidades con responsabilidades en el campo, cuenten con la infraestructura física y humana necesaria para administrar eficientemente el Sistema Nacional de Calidad, con énfasis en el cumplimiento de estándares internacionales como mecanismo para ganar mercados externos y proteger a nuestros consumidores.
Se logrará en esa entidad y otras, esquemas institucionales idóneos y adecuadamente dotados de recursos para asegurar la efectividad de los derechos de los consumidores y el cumplimiento de las normas sobre competencia desleal y prácticas comerciales restrictivas.
El Plan propone avanzar en la dotación de recursos para la administración del Sistema de Propiedad Industrial, poniendo fin al atraso histórico y sacando provecho para el país de las oportunidades que se abren con el ingreso de Colombia a tratados multilaterales, tales como el acuerdo sobre los aspectos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio, ADPIC, anexo de la OMC y el tratado de Cooperación en materia de patentes, PCT.
16.1.1.4 Modernización de las actividades del Estado hacia el sector exportador.
Conjuntamente con la modernización de las entidades del Estado que deben coordinar, apoyar y controlar los aspectos operativos del comercio exterior, se revisarán los trámites de importación y exportación de bienes, servicios y tecnología, y se compilará la totalidad de las disposiciones vigentes en materia de política comercial colombiana.
16.1.1.5 Programas para la microempresa.
El Ministerio de Desarrollo en coordinación con la Corporación para el Desarrollo de las Mícroempresas, buscará fortalecer y hacer operantes los organismos existentes de coordinación del Plan Nacional para la Microempresa, en especial el consejo asesor de política para la microempresa, desarrollar los mecanismos pertinentes para la ampliación de la cobertura regional y de usuarios y propender porque se continúen apropiando los recursos para garantizar la continuación y el crecimiento de los programas del Plan. Así mismo, se procurará el fortalecimiento institucional y técnico de las entidades ejecutoras del Plan, cofinanciando en la misma forma que en el pasado, los programas ejecutados por ellas y lograr mantener, flexibilizándolos, los mecanismos existentes de crédito a las microempresas, buscando acrecentar los recursos disponibles para satisfacer la demanda, creando en la medida de lo posible, un fondo permanente.
Los programas para la microempresa estarán dirigidos igualmente a la modernización y estímulo del pequeño comercio y las tiendas de barrio.
16.2 Turismo
Con este propósito se orientarán recursos al Fondo de Promoción Turístico, de acuerdo con lo previsto en la Ley 300 de 1996. De igual forma, se canalizarán fondos a actividades tales como la capacitación de la policía de turismo y el desarrollo de una cultura de promoción del turismo. Se establecerá una estrategia conjunta con las autoridades ambientales para la promoción del Ecoturismo.
17. Ciencia y tecnología
Para el cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo se requiere de una política de ciencia y tecnología que permita avanzar en todas las áreas del conocimiento y en sus aplicaciones, dando prelación a las tecnologías dirigidas a la satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos y al logro de la competitividad internacional del aparato productivo colombiano. Por su naturaleza, las actividades científicas y tecnológicas son multisectoriales e involucran los distintos niveles territoriales del país.
17.1 Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCYT)
Considerando que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología es la primera instancia del SNCYT, el Plan se compromete con emprender las mejoras institucionales que requiere el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología para mejorar la articulación de los diversos componentes y actores institucionales públicos y privados de los diferentes órdenes regionales comprometidos en el desarrollo científico y tecnológico. Los niveles del sistema involucran el diseño de políticas, de estrategias de financiamiento, de promoción, de sostenibilidad y de ejecución de actividades científicas y tecnológicas coordinadas. Se robustecerán los Consejos Nacionales de Programas y se adecuarán las Comisiones Regionales.
17.2 Subsistema educativo, científico y cultura
17.2.1 Educación en ciencias
Se impulsarán los programas de educación en ciencias que incluyan la formación de docentes e investigadores no sólo para la universidad y la industria sino para la educación básica, así como la dotación de laboratorios de enseñanza en todos los niveles.
17.2.2 Formación de investigadores
Es necesario lograr la formación de una masa crítica de investigadores y profesionales especializados en áreas estratégicas para el país. Se fortalecerán los programas de formación doctoral, se establecerán programas nacionales de investigación orientados al desarrollo de conocimientos en ciencias básicas, ciencias sociales, ingenierías y otras disciplinas o áreas consideradas como estratégicas. Especial interés tendrá el uso de la infraestructura investigativa de los centros de educación superior pública y privada y de los centros de investigación independientes.
17.2.3 Sistema nacional de información
Se fortalecerá el Sistema Nacional de información sobre actividades de ciencia y tecnología adelantado e instrumentado por Colciencias para facilitar la toma de decisiones por parte de los organismos responsables de la planeación y decisiones en la materia.
17.2.4 Vinculación del SENA al SNCYT
Se buscará vincular al SENA a la política de ciencia y tecnología, evitando la dispersión de esfuerzos y duplicidad de actividades con otras entidades como Colciencias y otros centros privados de desarrollo tecnológico, y superar la desarticulación de la capacitación otorgada por el SENA, el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y el sistema educativo global. Se garantizará la destinación del 20% de los recursos del SENA (Ley 344 de 1996) a los programas de competitividad, desarrollo tecnológico e innovación, mediante el desarrollo de la Ley 29 de 1990.
17.3 Subsistema natural. Utilización racional de recursos
Se mejorará la capacidad científica y tecnológica del país para estudiar, conocer, conservar y utilizar racionalmente sus recursos naturales y su biodiversidad y desarrollar proyectos productivos en áreas prioritarias como las agroindustrias, las ciencias y tecnologías del mar, las ciencias del medio ambiente, la energía y la minería. Se impulsarán nuevos proyectos de producción que utilicen tecnologías de punta como la moderna biotecnología, la ingeniería genética, las ciencias de la información, la telemática, las tecnologías biomédicas, los nuevos materiales, la microelectrónica y la industria farmacéutica.
17.4 Subsistema social
17.4.1 Salud
El SNCYT apoyará el incremento de la cobertura y el mejoramiento de la calidad de los programas de prevención y promoción de la salud, así como el mejoramiento de los niveles de nutrición de niñez.
17.5 Ciencias sociales
Dado el carácter prioritario del proceso de paz la investigación en ciencias sociales se constituye en elemento articular de las políticas públicas tendientes a mejorar las condiciones socioeconómicas y de calidad de vida. En consecuencia se respaldará la investigación en ciencias sociales en universidades y centros independientes de investigación.
17.6 Cooperación técnica internacional
Se atraerá y racionalizará el uso de los recursos de cooperación técnica internacional para apoyar el desarrollo científico y tecnológico, de acuerdo con los objetivos del Plan. La Agencia de Cooperación tecnológica trabajará en coordinación con el SNCYT para tal efecto.
17.7 Comisión de ciencia y tecnología en el Congreso de la República
Se promoverá la creación en el Congreso de una Comisión de ciencia y tecnología cuya preocupación central será el desarrollo legislativo y el control político relacionado con el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país.
18. Infraestructura social
18.1 Vivienda
18.1.1 Programa de vivienda urbana
El programa de vivienda urbana tiene como objetivo la construcción de 500 mil soluciones de vivienda nueva, 420 mil serán de interés social (valor inferior a 200 SMLM) siendo respaldadas con subsidio 242 mil viviendas. Los recursos del subsidio provendrán fundamentalmente del presupuesto nacional, las rentas parafiscales administradoras por las Cajas de Compensación Familiar y la Caja de Vivienda Militar, siendo complementados con aportes municipales. Adicionalmente a los subsidios, se contará con recursos del ahorro de las familias y crédito del Fondo Nacional de Ahorro y del Sistema Finaciero.
La política de vivienda de interés social continuará basada en la orientación de subsidios a la demanda, dirigidos a la compra de vivienda nueva y para lotes con unidad mínima desarrollable. Con el objetivo de concentrar los recursos disponibles para el subsidio familiar de vivienda, se dará preferencia a soluciones de costo mínimo con un esquema progresivo de subsidios, reviviendo el sistema de ahorro programado. Igualmente se dará transparencia al sistema mediante la unificación de los procedimientos de elegibilidad y promoción de la oferta, así como a la postulación, asignación y pago del subsidio a las familias. La población objetivo de la política de subsidios para la VIS es aquella con ingresos menores a 4 SMLM con énfasis en la población cuyos ingresos sean menores a 2 SMLM. Los programas que se desarrollarán en la política de vivienda subsidiable son programa del doble subsidio y programa del subsidio para la equidad.
18.1.1.1 Subprograma de doble Subsidio
Este programa es dirigido a la población con ingresos de menos de 2 SMLM que requiere la concurrencia entre los municipios y la Nación para entregar un doble subsidio (subsidio nacional y subsidio municipal). El subsidio municipal puede ser entregado por entidades privadas o comunitarias. Busca fortalecer el proceso de descentralización, reconociendo que la solución del problema habitacional es una función del municipio, así como crear la posibilidad real de las familias de menores ingresos para acceder a una solución habitacional. Con el fin de beneficiar a la población más pobre, el orden de elegibilidad de la oferta dará prioridad a la vivienda de más bajo costo. El valor del subsidio nacional es de 25 SMLM para este programa. El subsidio municipal o privado debe tener correspondencia con el precio final de la solución habitacional.
El subprograma de doble subsidio para mujeres cabeza de familia tendrá un cupo del 10% de los recursos totales destinados a este programa.
18.1.1.2 Subprograma para la equidad social
Es un programa destinado para los hogares con ingresos entre 2 y 4 SMLM, que busca incrementar la oferta de VIS, particularmente en el rango de ingresos entre 2 y 3 SMLM, pues es allí donde se concentra el mayor déficit habitacional del país. Se busca potenciar la acción del sector privado a través del subsidio a la demanda generando procesos de transparencia y mejorando las condiciones de crédito a través del ahorro programado. La asignación de los recursos a este programa se hará con base en el déficit habitacional nacional y local existente en cada rango de ingreso. A1 igual que en el anterior programa, el orden de elegibilidad de la oferta dará prioridad a la vivienda de más bajo costo.
El subsidio nacional de vivienda en este programa será de 20 SMLM. Para los beneficiarios con ingresos entre 2 y 3 SMLM se tendrá un puntaje adicional con el objeto de focalizar en este rango las soluciones habitacionales, buscando una mayor equidad en la distribución de recursos. Se impulsarán dos subprogramas; el de alianzas estratégicas, con entidades públicas y privadas que posean terrenos para desarrollar proyectos VIS y los macroproyectos urbanos, con el fin de estimular el desarrollo de programas masivos de vivienda social.
18.1.1.3 Coordinación con las cajas de compensación familiar
Este subprograma tiene por objeto vincular a las Cajas de Compensación Familiar en tres actividades importantes de la política social: vivienda de interés social, atención a menores de seis (6) años y jornada complementaria. Esta vinculación se hará en el entendido de que hay una necesidad de modificar algunos de los porcentajes que la ley hoy les impone.
Para lograr el objetivo descrito es importante aclarar que las cajas conservarán el manejo financiero independiente y en cuentas separadas de los recursos destinados a mercadeo, IPS y EPS. De la misma manera, para la optimización de los recursos, las Cajas de Compensación Familiar seguirán ofreciendo programas de educación no formal que no presenten duplicidad con los ofrecidos por el SENA.
18.1.2 Programa de vivienda rural
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Económico, coordinará la ejecución de las políticas en materia de desarrollo rural en los temas de ordenamiento territorial, vivienda y procesos de titulación de tierras y en coordinación con los departamentos y municipios.
Los programas de reforma agraria, incorporarán el correspondiente plan de vivienda cuya ejecución será coordinada por el Incora y la Caja Agraria con base en proyectos realizados por el Incora.
18.2 Agua potable y saneamiento
La política sectorial estará encaminada a crear una política integral que ordene la acción de las entidades nacionales y permita modernizar las entidades prestadoras de forma que alcancen altos niveles de eficiencia en su gestión. Bajo estas condiciones se apoyará a las entidades prestadoras para aumentar la cobertura y la calidad de los servicios de acueducto y saneamiento. Así mismo, en coordinación con la política ambiental, se busca avanzar en un plan de tratamiento de las aguas residuales y manejo integral de desechos cuando sea económica, social y ambientalmente viable.
En la nueva política sectorial, el financiamiento debe provenir fundamentalmente del cobro de tarifas a los usuarios, aportes de los municipios con cargo a la Ley 60 de 1993 e impuestos locales (para subsidios a la tarifa de usuarios subsidiables o las inversiones en expansión de los servicios), recursos de crédito de Findeter a las entidades prestadoras o a los municipios y aportes del sector privado. De manera complementaria, la Nación podrá asignar recursos de apoyo para solucionar los problemas estructurales del sector, promoviendo la modernización empresarial para asegurar sostenibilidad y eficiencia en los servicios. Los proyectos concursarán por los recursos de apoyo de la Nación, previo el cumplimiento de las siguientes condiciones:
1. Cumplimiento de la legislación y de la política sectorial. Es decir, que se adopten las normas definidas por la Comisión de Regulación de Agua Potable en materia de tarifas y de gestión, se cuente con estudios y diseños bajo criterios de costo mínimo económico, exista racionalidad técnica y económica en la prioridad de las obras y se cumplan las normas técnicas del Ministerio de Desarrollo Económico, entre otros. Los desembolsos se realizarán pari-passu con el cumplimiento de los compromisos locales.
2. Maximizar el uso de tarifas, recursos de crédito y aportes locales en la financiación de los proyectos.
3. Prioridad de atención a usuarios subsidiables.
4. En los casos en que se vincule al sector privado, se tendrá en cuenta el porcentaje de usuarios subsidiables atendidos por éste; los plazos definidos para la obtención de niveles de eficiencia; los menores requerimientos de garantías del sector público y su cubrimiento por parte de los municipios; y que la vinculación se haya logrado mediante procesos competitivos (número de oferentes, plazo del concurso, condiciones exigidas a los proponentes).
18.2.1 Transformación y ajuste institucional
Busca crear las condiciones institucionales, regulatorias y de control en lo nacional, para generar señales claras, estables, flexibles y acordes con las condiciones locales. En el marco de la descentralización y la responsabilidad municipal, el subprograma de Modernización Empresarial apoyará la creación de entidades, prestadoras autónomas, técnica y financieramente viables, la aglomeración de mercados en empresas regionales, la creación de empresas comunitarias y pequeños operadores y la vinculación del sector privado.
18.2.2 Mejoramiento de la prestación de los servicios públicos domiciliarios
Los municipios y entidades prestadoras de los servicios adelantarán proyectos para ampliar las coberturas de acueducto y saneamiento básico y mejorar su calidad. En este programa también se prevé la modificación al régimen de transición para el desmonte de subsidios extralegales y la aclaración de los factores de contribución en las tarifas que se cobran por este servicio.
Forman parte de la política de agua potable y saneamiento básico los aportes de la Nación realizados a través del Ministerio de Desarrollo Económico, el programa Escaribe, los recursos del Plan Pacífico y los aportes del Fondo Nacional de Regalías destinados a este sector. Para complementar la financiación de las inversiones en la Costa Caribe se podrá recurrir a la contratación de créditos externos, de acuerdo con las metas fiscales de la Nación.
En materia de agua potable y saneamiento básico en la zona rural, el Ministerio de Desarrollo Económico coordinará con el Ministerio de Agricultura la ejecución de las políticas, planes y programas en materia de inversiones y asistencia técnica.
19. Emergencia informática año 2000
La llegada del año 2000 ha generado en el mundo entero una emergencia a causa de las fallas tecnológicas que pueden presentarse ante la incapacidad de los equipos electrónicos de asimilar el cambio de milenio. Colombia no es ajena al problema, pues los sistemas aeronáuticos, los sistemas de comunicaciones y en general todas las actividades que dependen de los computadores y otros sistemas electrónicos con microchips se pueden ver afectados. Es entonces indispensable tomar todas las medidas necesarias para evitar el caos informático, razón por la cual se incluyen disposiciones para facilitar las herramientas necesarias para afrontar la crisis informática.
20. Desarrollo urbano
20.1 Programa de apoyo a la implementación de macroproyectos urbanos
El Gobierno Nacional apoyará a las entidades territoriales en la formulación y gestión de los macroproyectos y los planes de renovación urbanos y promoverá la evaluación y seguimiento de los mismos.
20.2 Programa nacional de impulso a la política de transporte urbano
El Gobierno Nacional implementará un programa de asistencia técnica a las entidades territoriales para adelantar procesos de gestión y modernización de los sistemas de transporte urbano.
20.3 Programa de apoyo a la conformación de centros de información del suelo urbano
El Gobierno Nacional trabajará en un programa de asistencia técnica nacional a las ciudades con población mayor de 100 mil habitantes para el montaje, implementación y seguimiento de los observatorios del suelo y del mercado inmobiliario.
20.4 Programa de regulación masiva de la propiedad y modernización de los sistemas de catastro y registro
Se implementará la optimización, impulso y seguimiento de las labores de titulación masiva de predios y gestión institucional para el mejoramiento de la información y trámite de asuntos catastrales y de registro.
20.5 Programa de promoción del desarrollo económico de los centros urbanos
El Gobierno Nacional diseñará las herramientas técnicas y financieras necesarias para promover alianzas estratégicas entre entidades públicas y privadas, la calificación de la mano de obra y atraer la inversión a los centros urbanos.
21. Economía solidaria
Como se ha afirmado, la producción de capital social es imposible mientras en ella prime el conflicto y exista la percepción de que las decisiones económicas son tomadas por unos pocos y para el beneficio económico de unos pocos. Es imposible lograr la cohesión social mientras existan los altos índices de pobreza y desempleo y las grandes desigualdades sociales, como las imperantes en Colombia.
En este sentido, la economía solidaria juega un papel preponderante en la consecución del aumento del capital social, en la medida en que la cultura de la producción solidaria posibilita, mediante procesos participativos de diálogo, la concertación entre el Estado y la sociedad civil, la construcción de identidades rotas por la guerra, la formación de un ciudadano solidario que participa en las decisiones de interés común y en la construcción de una ética de la economía, de la convivencia y provee aptitudes para una vida en común, solidaria, participativa y tolerante.
En consecuencia, la política del Gobierno nacional y de la sociedad civil se orientará fundamentalmente a promover la participación económica del sector solidario en el ámbito rural y urbano para que los desempleados pobres y marginados autogestionen su propio trabajo con asistencia técnica, tecnológica y financiera que el Estado y el sector solidario puedan brindar.
El Gobierno se compromete a fortalecer proyectos de desarrollo empresarial participativo que tengan por objeto la creación y consolidación de empresas asociativas sostenibles que ayuden a las comunidades a multiplicar el trabajo productivo y los ingresos.
22. Control político a la emergencia económica
Con el fin de garantizar que tanto el sector privado nacional como el sector público dispongan de los recursos necesarios para poder financiar los proyectos de desarrollo incluidos en el presente plan de inversiones, el Congreso de la República, en ejercicio del control político que le otorga la Constitución, introducirá algunas disposiciones para permitir que el impuesto del 2 por mil a las transacciones financieras cumpla con los objetivos para el cual fue creado. Igualmente, se introducen precisiones a algunas normas sobre la Emergencia Económica relacionada con el terremoto del Eje Cafetero.
23. Reconstrucción económica y social del Eje Cafetero
En la recuperación de la Zona Cafetera-Ciudad Región, afectada por el terremoto del 25 de enero de 1999, se tendrán en cuenta tres etapas fundamentales: la primera, o de emergencia, para resolver transitoriamente las necesidades vitales, la segunda, de transición y planificación, y la tercera de recuperación y desarrollo de la Zona. La primera etapa seguirá bajo la coordinación y ejecución de la entidad nacional de emergencia integrada por el Gobierno Nacional. Sus actuaciones e inversiones serán concertadas con las autoridades territoriales respectivas y las instancias de participación ciudadana previstas en la Constitución y en las leyes; la segunda y tercera etapas se ejecutarán en el marco de un Plan Integral cuyo eje será el ordenamiento territorial y los planes de desarrollo ajustados a las nuevas condiciones. Este Plan se elaborará en concertación con las autoridades e instancias de planeación de la región, en especial las que consagran las Leyes 152 de 1994 y 388 de 1997.
23.1 Programa para la reconstrucción o reparación de inmuebles
El Gobierno Nacional participará técnica, financiera e institucionalmente en la reconstrucción o reparación de más de 90.000 inmuebles afectados, de los cuales se debe reconstruir en su totalidad más de la mitad, concentrados principalmente en los estratos bajos. Dicha reconstrucción incluye, por una parte, las viviendas, y por otra, toda la infraestructura urbana que ellas requieren, y que va desde la conexión a los servicios públicos domiciliarios, hasta la construcción y dotación de los centros de atención pública como hospitales, escuelas, guarderías y centros comunales.
23.2 Apoyo a la planificación local, regulación y prestación de servicios públicos
El Gobierno Nacional dará apoyo a los gobiernos municipales y departamentales involucrados en la zona afectada por el terremoto para que puedan seguir cumpliendo con sus funciones básicas, tales como la prestación de los servicios públicos (por medio de sus empresas descentralizadas), cuya infraestructura se vio seriamente afectada en algunos municipios, así como la planificación y participación en la reconstrucción integral de sus municipios, las funciones de control y regulación urbana, la representación de sus conciudadanos, etc.
El valor total del programa de reconstrucción económica y social del eje cafetero supera los dos billones de pesos, de los cuales es posible diferir en el tiempo aproximadamente 800 mil millones de pesos, gracias al mecanismo de subsidio a la tasa de interés (en lugar de un subsidio inicial y directo), creado para el programa de reconstrucción de inmuebles en el Decreto 196 de 1999.
Adicionalmente, las principales obras para realizar en la zona son: atención en albergues temporales a las personas afectadas que no cuenten con lugar de habitación; estudios sísmicos y de microzonificación para determinar áreas de riesgo; reparación, reconstrucción de las viviendas e inmuebles públicos (hospitales, colegios, cárceles, administración local, etc.), afectados directamente con el terremoto, reconstrucción de la torre de control y la plataforma del aeropuerto de Armenia; reparación de la infraestructura de servicios públicos afectada; generación de ingresos temporales a las personas que perdieron su fuente de empleo; restablecimiento y modernización de la red de prevención y atención de emergencias, remoción y determinación de centros de disposición final de los escombros; restablecimiento de la infraestructura productiva y la vivienda en el área rural; y creación de nuevas fuentes de generación de empleo de largo plazo.
24. Plan Caribe (Escaribe)
La Región Caribe tendrá un programa especial que tendrá como objetivos el mejoramiento de la cobertura y calidad de los sistemas de acueducto y alcantarillado, el mejoramiento del sistema de transporte y el mejoramiento del capital humano. Este programa será financiado a través de crédito externo y contrapartidas nacionales, de acuerdo con aprobación de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.

CAPITULO III.
Presupuestos plurianuales

ARTICULO 5o. VALORES DE PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS. Los valores asignados en el Plan Nacional de inversiones públicas 1999-2002 para los principales programas y subprogramas descritos en el artículo anterior se encuentran expresados en cifras en millones de pesos de 1998 y son los siguientes:
puede ser incluido en la base de datos. Para su estudio consultar la Ley
en su publicación oficial impresa
ARTICULO 6o. PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSION. Los principales proyectos de inversión del Plan Nacional de Inversiones Públicas 1999-2002 son los siguientes:
SECTOR ELECTRICO
Proyectos de generación eléctrica
– Carboelétrica del San Jorge (Córdoba)
– Miel I
– Planta Eléctrica de Leticia
– Porce II
– Termocentro
– Termosierra
– Urrá I
Expansión del sistema de transmisión
– Línea Betania – Juanchito
– Línea Cartagena – Chinú
– Línea Cartagena – Sabanalarga
– Línea Guatapé – Ancón Sur
– Línea Jamundino – Santa Rosa
– Línea Playa – Primavera
– Línea Primavera – Facatativá
– Línea Primavera – Guatiguará
– Línea Sabana – Nueva Barranquilla
– Línea San Felipe – La Hermosa
– Línea San Felipe – Purnio
– Línea Tasajero – Guatiguará
– Línea Urrá – Cerromatoso
Distribución eléctrica
– Zonas interconectadas
– Zonas no interconectadas
Energización rural
– Construcción Subestación municipio de Saldaña y Guamo.
– Interconexión Achi – Tres Cruces – Guacamayo – Buenavista – La Golosina,
municipio de Achí departamento de Bolívar
– Interconexión Bajo Putumayo
– Interconexión Bellavista- Providencia- Palmarito, municipio de Morales departamento de Bolívar.
– Interconexión Campo Alegre (municipio de Morales) – San Luis (municipio de Río Viejo) departamento de Bolívar.
– Interconexión corregimientos Pueblo Nuevo, Las Palmas, Las Brisas y Pozón, municipio de Hatillo de Loba departamento de Bolívar.
– Interconexión Humareda- Japón- El Totumo – Batalle- Ultimo Caso, municipio el Peñón departamento de Bolívar.
– Interconexión Morales- Paredes de Ororia, municipio de Morales, departamento de Bolívar.
– Línea Bocas del Pauto (Casanare – Santa Rosalía (Vichada)
– Línea de transmisión y subestación Ibagué-Rovira
– Línea Granada San José del Guaviare
– Línea Puerto López – Puerto Gaitán
– Terminación interconexión Pinillos- Puerto López, municipio de Pinillos departamento de Bolívar.
– Algunos de los proyectos identificados que serán adelantados por iniciativa pública y/o privada, acorde con lo establecido en el artículo 85 de la Ley 143 de 1994 serán:
Proyectos de generación eléctrica identificados
– Geotérmico del Azufral
– Geotérmico Las Nereidas (El Ruiz)
– Hidroeléctrica de Amoya
– Hidroeléctrica de Cuocuana.
– Hidroeléctrica Guamuez
– Miel II
– Pescadero – Ituango
– Térmica de Amagá
Algunos proyectos identificados por las Entidades Territoriales en Zonas no Interconectadas, ZNI, que serán evaluados por el Gobierno Nacional conforme a lo establecido en el artículo 4o. de la Ley 143 de 1994:
Proyecto de generación
– Pequeña Central Hidroeléctrica (PCH) Inírida
– Pequeña Central Hidroeléctrica (PCH) La Primavera
– Pequeña Central Hidroeléctrica (PCH) Mitú
Proyectos de distribución
– Interconexión Bajo y Alto Baudó
– Línea Puerto Caicedo-Orito
– Línea Puerto Carreño – Puerto Páez – Puerto Nuevo
SECTOR DE MINAS Y ENERGIA
– Construcción poliducto Yumbo- Popayán – Pasto.
SECTOR AGROPECUARIO
Adecuación de tierras
– Análisis diseño y construcción de distrito de riego de drenaje en:
– Distrito Ranchería
– Distrito Santo Tomás del Uvito
– Distrito Hático Tamarindo
– Distrito P1 y P2 Guamo
– Adecuación de la margen izquierda del río Sinú (obras de drenaje)
– Adecuación de tierras de cultivo en el Occidente Antioqueño.
– Agroproyecto Ingenio Vegachí (Plan Colombia).
– Ampliación Distrito de riego la Doctrina (Córdoba).
– Apoyo a la producción de cultivos de cacao y caucho, departamento de
Guainía.
– Distrito de riego del Ariari
– Distrito de riego del San Jorge (Córdoba).
– Erradicación y sustitución de cultivos ilícitos en la zona del alto río Vaupés e implementación de cultivos de especies promisorias amazónicas.
– Establecimiento de programas de titulación de tierras (baldíos productivos) y fuentes de financiación para el desarrollo agropecuario en el departamento del Guainía.
– Generación de infraestructura para acopio y comercialización de productos perecederos en el departamento de Guainía.
– Guatapurí (concesión).
Reforestación con especies nativas, especialmente en las cuencas hidrográficas e incentivación de producción y comercialización de frutales nativos en el municipio de Inírida, departamento del Guainía.
– Transferencia de ciencias y tecnología para el sector agropecuario en el departamento del Guainía.
– Triángulo del Sur del Tolima
SECTOR TRANSPORTE
Principales proyectos del plan de inversiones
Los principales proyectos de inversión en el sector transporte que se
encuentran contemplados dentro del plan de inversiones son los siguientes:
Troncal de Occidente
– Concesión Malla Vial Atlántico – Bolívar – Sucre y Córdoba. Variantes y Accesos
– Concesión Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca
– Concesión Rumichaca – Pasto – Chachagüí – Popayán. Variantes y Accesos
– La Pintada – Bolombolo – Santa Fe de Antioquia
– Palmira – Medellín – Carreto
Accesos
– Acceso al municipio de Lorica – Córdoba
– Alto de Dolores- Maceo.
– Asia – Apía – Pueblo Rico – Santa Cecilia – Tadó – Las Animas – Quibdó y La Virginia – Apía.
– Caracolí- San José.
– Cebadal – Consacá – Sandoná – Pasto (Circunvalar al Galeras)
– Circunvalar área metropolitana de Barranquilla (concesión)
– Chinchiná – Santa Rosa – La Romelia – El Pollo
– La Unión – la Frontera – Sonsón
– Malla vial del Chocó
– Mamonal – Gambote y Variante de Cartagena (vía perimetral de Cartagena)
– Medellín – Valle de Río Negro
– Molinoviejo – Santo Domingo.
– Panoya- Taminango- La Unión.
– Pasto – Buesaco – La Unión – Mojarras
– Popayán – Inzá – La Plata
– Primavera – Amagá – Albania – Bolombolo – Remolinos. Accesos a Quibdó
– San Jorge- San Roque.
– Sofía – Yolombó
– Variante de Ipiales
– Vía Santo Tomás – Polonuevo – Juan de Acosta
Troncal del Eje Cafetero
– Cerritos – Pereira
– Club Campestre – La Felisa
– Concesión Armenia – Pereira – Manizales
– Toro – Anserma Nuevo – La Virginia – Estación Pereira – Beltrán – La Margarita – La India – San Mateo – Opirami – Irra.
Troncal de Urabá
– Concesión Túnel Medellín – Santa Fe de Antioquia
– Medellín – Turbo
Troncal del Magdalena
– Acceso de Bucaramanga a la Troncal del Magdalena Medio (Supervía) Variantes y Accesos.
– Concesión Bucaramanga – San Alberto- Santa Marta.
– Concesión Vía Alterna al Puerto de Santa Marta
– Ibagué – Honda – San Alberto – Ye de Ciénaga
– Puente San Miguel – Neiva
– San Miguel – Pitalito
Accesos
– Altamira – Florencia
– Anillo vial de Cúcuta y Puente Tienditas (concesión)
– Cúcuta – Sardinata – Ocaña – Aguachica y accesos Bucarasica, La Playa y Convención
– Mariquita – Mesones – Manizales y variante de Manizales
– Neiva – Platanillal – Balsillas – San Vicente
– Túnel de Cocoló (estudios)
Troncal del Llano
– Arauca – Tame
– Villagarzón – Villavicencio – Yopal – Saravena.
Accesos
– Belén – Socha – Sácama – La Cabuya
– Granada – San José del Guaviare – Calamar
– San Fe de Bogotá – Choachí – Puente Real – Ubaque – Potrerogrande – La Calera.
– Sisga – Guateque – El Secreto – San Luis de Gaceno – Las Juntas
– Sogamoso – Aguazul
Troncal Central
– Bogotá – Chiquinquirá – Barbosa
– Concesión Desarrollo Vial Norte de Bogotá
Accesos
– Barbosa – Vélez – Landázuri – Cimitarra – Puerto Araújo
– Concesión Barbosa – Bucaramanga – Lebrija
– Los Curos – Málaga
– San Gil – Barichara – Guane
– San Gil – Mogotes – Santa Rosita
Troncal Central del Norte
– Concesión La Caro – Tunja – Sogamoso
– Duitama – Soatá – Málaga – Pamplona
Troncal El Tambo- Pacífico (departamento del Cauca)
– Troncal de Rionegro – Pacho – La Palma – Yacopí- Guaduales- Puerto Rojo.
– Troncal del Carbón- Tausa- Sutatausa- Cucunubá- Lenguazaque – Guachetá
Transversal Tumaco – Mocoa
– Tumaco – Mocoa
Accesos
– Chiles – Cumbal – Guachucal – El Espino.
– Túquerres – Samaniego
Transversal Buenaventura – Villavicencio – Puerto Carreño
– Circunvalar Ibagué (por concesión)
– Concesión Av. Boyacá – Chusacá – Girardot, accesos y variantes
– Concesión Bogotá – Villavicencio
– Concesión Buga – Buenaventura. Variantes y accesos
– Girardot – Ibagué – Honda
– Paso por la cordillera central (Túnel de la Línea)
– Pereira – La Paila – Armenia – Calarcá
– Puerto López – Puerto Gaitán – Puente Arimena
Accesos
– Suárez- Variante Girardot.
Transversal Medellín – Bogotá
– Concesión Bogotá – Facatativá – Los Alpes
– Concesión Tobiagrande – Puerto Salgar – San Alberto
– Medellín – Bogotá
Transversal Medellín – Cúcuta – Puerto Santander
– Barrancabermeja – Bucaramanga – Cúcuta – Puerto Santander
Transversal a La Mojana
– El Viajano – San Marcos – Majagual. Accesos a La Mojana
– Los Majugos – Varsovia Sucre
– Sampués – San Benito
– San Marcos Sampués
Transversal Depresión Momposina
– Magangué – La Bodega – Yatí – Mompox – Banco – Arjona – Cuatrovientos – Codazzi
Acceso
– Variante de Codazzi
Transversal de Los Contenedores
– Bosconia – Plato – Zambrano – Carreto
– Carmen – Valledupar – Maicao
– Valledupar – Badillo – San Juan del Cesar
Accesos
– Santa Ana – La Gloria
– Variante de Valledupar como proyecto compartido municipio-nación
Transversal del Caribe
– Cartagena – Barranquilla – Paraguachón
– Puerto Rey – Puerto Escondido – Moñitos – San Bernardo del Viento – Coveñas (Corredor Turístico) – Tolú – Sincelejo – Coveñas – Sabaneta – Lorica – Momil – San Antonio de Palmito – Tolú Viejo.
– Puerto Rey- Puerto Escondido- Moñitos- San Bernardo del Viento- Lorica- Momil – San Antonio de Palmito – Tolú Viejo – Coveñas (Corredor Turístico) – Tolú – Sincelejo- Coveñas.
– Turbo Necoclí- Arboletes – Cartagena
Conexión Troncal de Occidente – Troncal del Magdalena Medio
– Salamina – Pivijay – Fundación
Conexión Troncal del Magdalena – Troncal del Llano
– Tunja – Chiquinquirá – Otanche – Puerto Boyacá
– Tunja – Ramiriquí – Miraflores – Monterrey
Circunvalares San Andrés y Providencia
– Circunvalares San Andrés y Providencia
Acceso a Santa Fe de Bogotá, D. C.
– Avenida Longitudinal de Occidente
Proyectos de Paz
– Anillo Occidental vía de la Paz: Bucarasica – Sardinata – Lourdes – Gramalote – Salazar – Arboledas – Cucutilla – Pamplona
– Cantagallo – Barranco de Loba
– Codazzi – La Frontera
– Junín – Barbacoas
– Rovira- Roncesvalles.
– San Francisco – Autopista – Cocorná.
– Transversal Rosas- Condagua – Santiago – Morro – Bolívar – La Lupa (Anillo vial del macizo colombiano).
– Troncal de la Paz (Puerto Berrío- Caucacia).
Sistemas de transporte masivo
– Sistemas de transporte Masivo-Metro de Bogotá
– Sistemas de transporte Masivo de Cali
Sector aéreo
– Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón – Palmira, Valle por Concesión
– Aeropuerto corregimiento el Encanto
– Aeropuerto corregimiento La Pedrera
– Aeropuerto de Arauca
– Aeropuerto de Chaparral
– Aeropuerto de Flandes
– Aeropuerto de Guapí
– Aeropuerto de Mitú
– Aeropuerto de Nuquí
– Aeropuerto de Palestina por Concesión
– Aeropuerto de Puerto Carreño
– Aeropuerto de Quibdó
– Aeropuerto de Tarapacá
– Aeropuerto de Villavicencio
– Aeropuerto de Villavicencio (aeropuerto alterno o internacional de Villavicencio)
– Aeropuerto de Yopal
– Aeropuerto José María Córdoba – Rionegro, Antioquia por Concesión
– Aeropuerto Regional de Cartago
Aeropuertos fronterizos del Amazonas
– Aeropuertos Regionales a nivel nacional
– Ampliación pista aeropuerto Perales de Ibagué
– Ampliación y mejoramiento de la pista de aterrizaje en el municipio de Taraira.
– Construcción del Aeropuerto regional de la Mojana en el municipio de San Marcos, departamento de Sucre
– Sistemas año 2000
– Terminal de Pasajeros de Eldorado- Santa Fe de Bogotá por concesión.
Sector férreo
– Concesión Red Atlántico – Variante de Santa Marta
– Concesión Red Pacífico.
– Estudios nueva red Orinoquia (Villavicencio Meta- Puerto Carreño Vichada).
Sector fluvial
– Proyectos adecuación fluvial en:
– Construcción del Puerto Multimodal en Quibdió – Chocó.
– Puerto Turbo.
– Puerto Multimodal Puerto Salgar.
– Río Amazonas, Río Caquetá y Río Putumayo
– Río Atrato
– Río Guainía.
– Río Guaviare.
– Río Inírida
– Río Magdalena
– Río Meta
– Río Sinú
Terminal fluvial Tarapacá- Chorrera. Pedrera. Santa Sofía- Puerto Nariño- Leticia.
Sector marítimo
– Canal de acceso al Puerto de Barranquilla
– Canal de acceso al Puerto de Buenaventura
– Canal de acceso al Puerto de Cartagena
– Canal de acceso al Puerto de Tumaco
Sector Vivienda
– El Gobierno Nacional apoyará los proyectos de vivienda de interés social en los municipios, distritos y áreas metropolitanas, en especial en los municipios de Plato (Magdalena), Galapa (Atlántico), el distrito de Santa Marta y el área metropolitana de Barranquilla.
Proyectos adicionales al plan de inversiones
– Los principales proyectos a cargo de la Nación que podrán ser financiados en caso de presentarse recursos adicionales a los inicialmente incluidos en el plan de inversiones, serán los siguientes:
– Aeropuerto Balsillas – Tolú (Sucre)
– Aeropuerto de Armenia
– Aeropuerto de Corozal
– Aeropuerto de Mompox
– Aeropuerto de Paipa
– Aeropuerto de Paipa
– Aeropuerto de Puerto Carreño
– Aeropuerto Santa Marta
– Avenida el Río – Barranquilla.
– Carretera el Algodón de Barranquilla – Piojó.
Carretera la Cortada- Yolombó – Yalí- Vegachí- Remedios
– Carretera Llanos de Cuivá – San José de la Montaña – San Andrés de Cuerquia – Ituango.
– Carretera San Pedro de los Milagros a Monterredondo (Antioquia).
– Carretera Túnel de Occidente – San Jerónimo – Sopetrán.
– Concesión de Desarrollo Vial del Aburrá Norte (doble calzada Niquía – Hatillo).
– Conexión de carretera principal de San Jerónimo a zona turística. (Antioquia).
– Construcción de rompeolas en Puerto Rey y Bahía de Arboletes.
– Contrucción puente río San Jorge (Montelíbano y Puerto Libertador).
– Chivolo – Apure.
– Distrito de riego Beltrán.
– Distrito de riego Tocaima – Girardot.
– Doble calzada Bello – Barbosa (Antioquia).
– El Espino – Guachucal – Ipiales
– Estudio diseño y contrucción del emisario submarino del Rodadero (Santa Marta DTCH).
– Hidroeléctrica río Frío
– Intervención sector de Veracruz (Museo Fernando Botero).
– Ipiales – Las Lajas
– Línea Chigorodó – Río Sucio
– Lorica – San Bernardo
– Magangué – Zambrano
– Mantenimiento y Pavimentación carretera Sucre (Olaya) – Sabanalarga.
– Marginal del Cauca. Santa Fe de Antioquia – Valdivia
– Moñitos – Santa Lucía
– Morales – Puerto Bolívar (Departamento de Bolívar).
– Paso Mulaló – La Torre
– Pavimentación carretera Tocaima – Jerusalén – Guataqui – Puli – San Juan de Rioseco.
– Pavimentación de la carretera Leticia – Tarapacá.
– Pavimentación de la carretera Puente de Occidente (Monumento nacional) – Liborina.
– Pavimentación de la carretera Sofía – San Roque (Antioquia).
– Pavimentación vía San Bernardo – Moñitos (Vía José Manuel de Altamira).
– Pavimentación y mejoramiento carretera Los Alpes – Quipile – Vianí – Chaguaní – Cambao.
– Pitalito – Isnos – Paletará – Popayán
– Popayán – Patico – Puracé – Santa Leticia – La Plata
– Proyecto de uso múltiple Cinera – Concesión (Norte de Santander).
– Puente alterno Girardot – Flandes sobre el río Magdalena.
– Puente Arimena – Puerto Carreño – Cazuarito.
– Puente de San Pelayo.
– Puente sobre el río Guarapas Avenida Misael Pastrana Borrero. (Pitalito – Huila).
– Puente sobre río Royotá
– Puente Yondó – Barrancabermeja
– Puerto de Tribuga en el Pacífico
– Puerto Marítimo de Urabá
– Puertos multimodales de carga de Puerto Berrío y la Dorada
– Recuperación río Medellín (área Metropolitana).
– Rehabilitación carretera Palmira – Pradera (Valle del Cauca).
– Relocalización de viviendas en zonas de alto riesgo (Marmato, Caldas)
– Santa Rosa del Sur – Aeropuerto (Departamento de Bolívar).
– Segunda calzada de la Avenida del Ferrocarril (municipio de Dosquebradas Risaralda).
– Tramo Férreo La Felisa – Bolombolo – Medellín
– Transversal de Carare
– Transversal del río – Programa de construcción red vial Magangué – Barranca – Boca de San Antonio – Municipio de Sucre (departamento de Sucre).
– Transversal Puerto Venecia – Regidor (departamento de Bolívar).
– Tratamiento integral de la reserva ecológica del Cerro Piamonte en el municipio de Bello
– Trenes de Cercanías.
– Troncal del Nordeste. Cisneros – Yolombó – Yalí – Vegachí – Segovia – Zaragoza
– Variante de Ariguaní
– Variante de Bolívar
– Variante de Pamplona
– Variante de Pitalito
– Variante de Plato
– Variante Férrea de Barrancabermeja
– Variante Férrea de Duitama.
– Variante por Cisneros, vía alterna Cisneros – Barbosa (Antioquia).
– Variante que une la carretera oriental con la carretera de cordialidad (Atlántico).
– Vía El Peñón – Castañal, departamento de Bolívar.
– Vía Girardot – Cambao – Puerto Bogotá.
– Vía la Victoria – Hatillo de Loba (Departamento de Bolívar).
– Vía Ricaurte – Agua de Dios – Tocaima.
– Vía Río de Oro (Cesar) – El Carmen – Guamalito (Norte de Santander) – La Mata (Cesar).
– Vía San Cayetano – Regidor – Papayal, municipio de Regidor (Departamento de Bolívar).
– Vía Sudán – Barranco de Loba – Puerto Rico, Municipios de Tisquicio y Barranco de Loba (Departamento de Bolívar).
– Vías Achí – Gallego – Puerto Petty, municipio de Achi (Departamento de Bolívar).
– Vigia del Fuerte.
Sector Turismo
– Ecoturismo en la Isla Gorgona.
– Ecoturismo litoral Cordovés.
Sector Ambiental
– Ciénaga Grande de Bajo Sinú (Córdoba).
– Desarrollo de una cultura de reciclaje y comercialización de subproductos derivados en el municipio de Carurú (Departamento del Vaupés).
– Desarrollo de una cultura empresarial para el aprovechamiento sostenible de la región amazónica colombiana.
– Farallones de Cali
– Isla Gorgona
– Páramo Las Hermosas
– Protección y uso sostenible de la biodiversidad en la cuenca alta del río Negro.
– Sanquianga.
– Serranía de los Paraguas.
– Utría.
Sector Salud
– Hospital Primer Nivel Pedrera.
– Hospital Primer Nivel Puerto Santander.
– Hospital Segundo Nivel Leticia.
– Sanatorios de Agua de Dios y Contratación.
Otros proyectos
Los principales proyectos de carácter regional y que podrán acceder, entre otros, a recursos del Fondo Nacional de Regalías son los siguientes:
– Acceso de la troncal de Occidente de los corregimientos de Villa Paz, Quinamayó, Ro-bles, La Variante Guachinte – Villapaz y la malla vial Robles – Jamundí.
– Adecuación y mantenimiento vía Coyaima – Chaparral (vía túnel).
– Aeropuerto Alto Baudó
– Aeropuerto de Inírida
– Aeropuerto de Plato
– Aeropuerto de Sogamoso
– Aeropuerto de Timbiquí
– Aeropuerto de Tunja
– Aeropuerto El Espino
– Aeropuerto López de Micay
– Aeropuerto San José del Guaviare
– Alto del Chuscal – Armenia
– Ampliación distrito de riego de Saldaña.
– Ampliación distrito de riego del río Zulia (Municipio de Cúcuta).
– Ampliación doble calzada antigua carretera Cali – Yumbo.
– Ampliación escuela de la Pedrera.
– Ampliación pista aeropuerto Perales de Ibagué.
– Anillo Turístico Sur del Huila (Pitalito – Isnos – San Agustín)
– Anillo vial Chinacota – La Ye – El Diamante.
– Antigua carretera Cali – Yumbo.
– Apertura vía Chorro Bravo – Cáceres – Taticito (Municipio Puerto Salgar – Cundinamarca).
– Apertura vía Roncesvalles (Tolima) a Génova (Quindío).
– Apertura vía Roncesvalles – La Yerbabuena – a Pijao (Quindío).
– Apure – San Roque – Céspedes – Nueva Granada
– Aracataca – El Retén
– Armenia – Caicedonia – Sevilla – La Uribe
– Ataco – Planadas
– Baraya – Colombia
– Cabrera – Tres Pasos – Etapa I.
– Camilo C. – El Cinco – Fredonia.
– Caramanta – Valparaíso
– Carreteable Leticia – Tarapacá.
– Carretera Aracataca – El Retén (Magdalena).
– Carretera Barranca de Upía – Cabuyaro.
– Carretera La Aldea – El Carmen – Las Azules – Santa Fe de Antioquia.
– Carretera Negra – La Isla – Aguas Vivas – Pinto
– Carretera San José – Capucho – Cachicano – La Carpa Guaviare.
– Carretera San Juan de Arama – Mesetas – Uribe.
– Cartagena – Santa Rosa – Villanueva – Arenal.
– Colombia – La Uribe.
– Construcción centro cultural y deportivo municipio de Campoalegre (Huila).
– Construcción comunicación vial valles de Aburrá y Oriente (Túnel de Oriente) departamento de Antioquia.
– Construcción de la zona franca “puerto” (municipio de Flandes departamento del Tolima).
– Construcción de una planta de almacenamiento de gas en el municipio de Puerto Inírida departamento del Guainía.
– Construcción de una presa sobre el río Saldaña.
– Construcción del tramo carreteable Inírida – Huesito – Puerto Caribe, en el municipio de Inírida – Guainía.
– Construcción puente colgante sobre el río Opia (vereda Chicala en el municipio de Piedras).
– Construcción Variante Rivera – Juncal.
– Continuación construcción Centro Cultural y de Convenciones José Eustasio Rivera (Neiva)
– Continuación higienización del río del Oro y Quebrada La Toma (Neiva).
– Continuación Palermo – Santa María.
– Construcción vía San Vicente – Corazón de Peralonso (Ortega)
– Corredor turístico de Palmaseca.
– Creación de la zona franca ecoturística de la zona del Pacífico. (Departamento del Chocó).
– Cúcuta – Tibú
– Custodia social de la soberanía fronteriza con la República de Brasil en el departamento del Vaupés.
– Chaparral – Ataco.
– Chaparral – Río Blanco
– Chiles – Mayasquer.
– Chinácota – Ragonvalía – Herrán – Toledo.
– Chinchiná – Palestina – Arauca – Las Margaritas – El Crucero – Balcázar – El Cairo – La Virginia.
– Chiquinquirá – San Miguel de Sema – Guachetá – Capellanía.
– Diseño y Construcción de Distritos de riego en el departamento de Magdalena.
– Distrito agrolimentario de Rozo.
– Distrito de riego “Golondrinas” Natagaima.
– Distrito de riego Ariari No. 1 (municipio de Granada departamento del Meta).
– Distrito de riego Campoalegre-Hobo.
– Distrito de riego de la Copa (Oicatá-Chivatá-Cómbita).
– Distrito de riego del Ariari (estudios).
– Distrito de riego San Estanislao.
– Distrito de riego Santa Bárbara.
– Distrito de riego Tesalia-Paicol (Huila).
– Distrito de riego Valparaíso-Antioquia.
– Duitama-Charalá.
– El Banco – Guamal – San Sebastían – San Zenón – Santa Ana.
– El Empate – San Bernardo – San Pablo.
– El Golfo – Ebéjico.
– El Palomar – La Mojana – Sucre.
– El Retorno – La Unilla – Termales.
– El Tigre – Marandúa.
– El Vizo – Malagana – San Cayetano – Guamo.
– Electrificación rural corregimientos (municipios de Cúcuta).
– Electrificación rural en los municipios afectados por la violencia en los departamentos de Antioquia y Cauca.
– Entamboramiento del caño de aguas servidas barrio Zamorano (municipio de Palmira, Valle).
– Escuela comunidad indígena de Arara.
– Escuelas Comunidades Indígenas cabeceras corregimentales.
– Exploración y explotación de los yacimientos auríferos en la Serranía de Taraira, departamento del Vaupés.
– Farallones – Ciudad Bolívar.
– Ferrocarril del Carare.
– Garagoa – La Frontera – Pachavita – Chinavita.
– Girardot – Cambao – Puerto Bogotá.
– Granada – San Carlos.
– Guarne – Bolombolo – San Vicente.
– Guasca – Gachetá – Palomas (Gachalá) – Alto del Quemao – Mambitá (Ubalá).
– Güicán – El Espino – Capitanejo.
– Humedales (Huila) – Guantiva y Onzaga.
– Inírida – Guainía – Puerto Caribe.
– Irra (Risaralda) Riosucio (Caldas) – El Jardín (Antioquia).
– La Ceja – Colmenas – Abejorral.
– La Primavera – Aguaverde
– La Ye – Milán
– Las Margaritas – Anserma
– Línea interconexión eléctrica de alta tensión Altamira (Florencia)
– López Adentro de paeces – Corinto (adecuación de tierras)
– Manizales – La Cabaña – Tres Puertas
– Manizales – Salamina – Aguadas – La Pintada
– Manizales – Termales del Ruiz – Nevado del Ruiz – La Esperanza
– Mantenimiento vía carretera Guamo – Chaparral
– Mantenimiento y obras de artes de la carretera Los Andes hasta Santa Rosa en el Cerrito (Valle)
– Mejoramiento Aeropuerto Flandes
– Mejoramiento carretera Herveo
– Mejoramiento carretera Icononzo – Varsovia – San Luis
– Mejoramiento de la red vial tradicional indígena e implementación de medios alternativos para transporte de cargas en el cruce de raudales en la red fluvial del departamento del Vaupés
– Mejoramiento de la vía La Paz Guadualito – Pando Prado del municipio de Rovira
– Mejoramiento Fresno – Palocabildo y Fresco – Casabianca
– Mejoramiento vía Líbano – Santa Teresa
– Mejoramiento vía Purificación – Prado – Dolores – Alpujarra
– Mejoramiento vía Santa Elena – Orisol – El Oso – La Línea – Cañón del Chili (municipio de Ronsesvalla)
– Mejoramiento vías Topacio – Tarqui – Comola – Alfonso López municipio de Flandes
– Mejoramiento y pavimentación Chicoral (Espinal – Guamo)
– Mejoramiento y pavimentación de vías Morelia – Valparaíso – Solita (departamento del Caquetá en convenio con la Gobernación)
– Mejoramiento y pavimentación de vías San José – Albania – Curillo (departamento del Caquetá en convenio con la Gobernación)
– Mejoramiento y pavimentación Guamo – San Luis
– Mejoramiento y pavimentación Icononzo – Villa Rica – Cunday
– Mejoramiento y pavimentación Líbano – Villa Hermosa – Casabianca – Palocabildo
– Mejoramiento y pavimentación Mariquita – Cataratas de Medina – Río Guarinó – La Victoria
– Mejoramiento y pavimentación Purificación – Suárez
– Mejoramiento y pavimentación Rovira – Valle de San Juan
– Mejoramiento y pavimentación San Antonio – Chaparral
– Mejoramiento y pavimentación Tigre – San Cayetano – Losanía (Cunday)
– Mejoramiento y pavimentación Vía Dolores – El Carmen – Alpujarra
– Mejoramiento y pavimentación vía El Bosque – Canaan – La Esperanza (Santa Isabel Murillo)
– Mejoramiento y pavimentación vías del Caquetá para red vial terciaria a través del Fondo Nacional de Caminos Vecinales Central – La Ye – San Antonio de Getucha
– Mejoramiento y pavimentación vías Fresno – Palocabildo y Fresno – Casabianca
– Mejoramiento y rehabilitación vía Margaritas -El Rodeo- La Aurora municipio de Cunday
– Minca – Campano (Santa Marta DTCH)
– Minidistritos de riesgos municipios de San Antero y Lorica
– Monumento Pantano de Vargas
– Nechí – Caucasia
– Neiva – Vegalarga
– Obras de adecuación de puertos de carga y de pasajeros en los ríos Guainía, Guaviare, Inírida y Atabapo (Departamento del Guainía)
– Orito – Monopamba
– Ovejas – Chalán – Colosó – Toluviejo
– Paipa – Palermo – Gámbita – Vado Real
– Parque Nacional Los Colorados
– Parque Nacional de Nevados (Ruiz, Santa Isabel y Tolima)
– Parque Natural del Nevado del Cocuy
– Parroya – Taminango – La Unión
– Pavimentación carretera Belmira – Horizontes – Sopetrán
– Pavimentación carretera Molino Viejo – Santo Domingo
– Pavimentación Espinal – Coello
– Pavimentación Guamo – San Luis
– Pavimentación Palermo – Sitio Nuevo – Remolino (Magdalena)
– Pavimentación Salado – Ibagué – San Bernardo – Ibagué
– Pavimentación vía agroturística Santa Elena – El Castillo (Cerrito, Valle)
– Pavimentación vía Armero – San Pedro
– Pavimentación vía Castilla – Coyaima
– Pavimentación vía Líbano – Villahermosa
– Pavimentación vía Murillo – El Bosque
– Pavimentación vía Murillo – Manizales
– Pavimentación vía Palermo – Sitio Nuevo – Remolinos (Magdalena)
– Pavimentación vía puente Tuamo río Manso municipio de Rovira
– Pavimentación vía Baranoa del departamento del Atlántico
– Pavimentación vía Muellamuez municipio de Guachucal
– Paz de Ariporo – El Totumo – La Hermosa
– Pereira – Mundo Nuevo – La Bella – La Florida – Pereira
– Petaqueros – Manzanares – Pensilvania – Marquetalia – Samaná – Victoria
– Pintada – Montebello – El Retiro
– Pital – La Plata
– Programa de mejoramiento de caminos vecinales y vías secundarias en los municipios de Pasto, San Bernardo, San José, Belén, La Cruz, Cartago, Ospina, El tambo, Consaca y Linares (departamento de Nariño)
– Programa de mejoramiento de la infraestructura física de hospitales y centros de salud en los municipios de Pasto, Tumaco, Ricaurte, Imués, Buesaco, Ancuya, La Unión, Córdoba, Guachucal y Taminango (departamento de Nariño)
– Programa de mejoramiento y optimización de acueductos y alcantarillados en los municipios de Pasto, Yacuanquer, Ipiales, Córdoba, Carlosama, Iles, Tangua, Samaniego y Sandoná (departamento de Nariño)
– Programa de reforma agraria en zonas de reserva campesina
– Programa de vivienda rural Pasto, Aldana, La Florida, Sandoná, Guaitarilla, San Pablo, Ospina, La Victoria, Ipiales, El Peñol y Colón (departamento de Nariño)
– Puente Alianza (municipio Ragonvalia)
– Puente El Tabor (municipio de Herrán)
– Puente La China (municipio de Cúcuta)
– Puente Unión (municipio Puerto Santander)
– Puente Yondó – Barrancabermeja
– Ramiriquí – Ciénaga – Viracachá – Soracá
– Recuperación y descontaminación de las lagunas de Fúquene y Chusacá – El Muña
– Rehabilitación carretera Anserma – Argelia – El Cairo (Valle del Cauca)
– Rehabilitación mantenimiento del carreteable puente Cucuana del municipio de San Luis
– Reparación de la carretera entre el municipio de Roldanillo y El Dovio (Valle)
– Represa Cortaderal (municipios de Samaná, Ventaquemada, Sora y Cucaita)
– Río Frío – Salónica – andinápolis – Venezia – Trujillo – Cerro Azul
– Riosucio – Bonafón – Irra
– Riosucio (Caldas) – Jardín (Antioquia)
– Salamina – Pácora – Aguadas – La Pintada
– San Francisco – Autopista – Cocorná
– San José de la Montaña – Llano de Ovejas
– San José del Guaviare – Charras
– San Juan – Gualmatán
– San Juan de Arama – Vistahermosa (departamento del Meta)
– Santa Rosa de Cabal – Termales – La Perla del Otún
– Sincerín – El Vizo – Malagana – Mahates
– Soatá – Boavita – San Mateo – Guacamayas – Cocuy
– Sonsón – La Pintada
– Suaza – Acevedo – Pitalito
– Tarso – Pueblo Rico
– Tenerife – Plato
– Terminación construcción puente sobre el río Negro Sitio Chorro Bravo (municipio Puerto Salgar – Cundinamarca)
– Terminación distrito de riego San Francisco Pitalito (Huila)
– Terminación vía La Colonia (Villarrica – Tolima) – Altamizal (Cabrera – Cundinamarca)
– Termoeléctrica Piedras
– Tibú – Convención
– Toro – La Florida – Argelia
– Transversal de Caldas – La Felisa – Manzanares – Guarinó
– Transversal de Caldas, La Felisa – La Merced – Salamina – Marulanda – Manzanares – Marquetalia – Victoria – Perico y el trayecto El Páramo (Marulanda) – Neira
– Transversal de la Esmeralda. Curubitos – Muzo – Quípama – Pacho
– Traslado peaje municipio Amagá a Camiloce (Fredonia)
– Tres Matas – San José de Ocuné – Guérima – Puerto Oriente – Chupave – Puerto Príncipe
– Trocha y puente la Chorrera
– Valle del Sibundoy (adecuación de tierras)
– Variante de Caldas – La Pintada
– Variante Rivera – El Juncal
– Vía Chima – Ciénaga de Oro
– Vía Riomar – Santa Verónica – Polonuevo – Santo Tomás
– Vía Sampués – La Villa de Sambenito (Sucre)
– Vía Santa Rosa – Santa Clara
– Viento – Tres Matas – Cumaribo – Santa Rita – Puerto Nariño
– Villarrica – Cunday
– Zona franca del Tolima.
El Gobierno Nacional apoyará los proyectos de iniciativa privada y/o pública que existen en la Costa Atlántica y Pacífica para fomentar las exportaciones, en especial la Planta de Coque – Atlántico, Siderúrgica Colombo-Brasilera, Zona Franca de Telecomunicaciones y el Centro de Ferias y Parque del río en Barranquilla.
El Gobierno Nacional apoyará la construcción y mantenimiento de las vías de acceso a los puertos de Cartagena y Barranquilla. Así mismo, el Gobierno Nacional apoyará el mantenimiento, dragado y conservación del canal navegable de acceso desde Bocas de Ceniza hasta el Puerto de Barranquilla.

ARTICULO 7o. SISTEMAS DE TRANSPORTE MASIVO. En cumplimiento del documento Conpes número 2932 de junio 25 de 1997 y 2999 de abril 28 de 1998 y teniendo como tope las vigencias futuras contempladas para el Metro de Santa Fe de Bogotá y el Tren Ligero de Cali, el Gobierno Nacional hará los aportes correspondientes acorde con el avance de los proyectos. Los recursos mencionados podrán ser aplicados en proyectos de transporte masivo en estas ciudades.

ARTICULO 8o. DISTRIBUCION REGIONAL. La siguiente distribución indicativa regional de recursos se encuentra expresada en millones de pesos constantes de 1998:
pueden ser incluidos en la base de datos. Para su estudio consultar la
ley en su publicación oficial impresa

Mira el Siguiente enlace:  Ley General del Plan Nacional de Desarrollo, Parte II

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